■ La ley abre la posibilidad de expropiar tierras de comunidades, al privilegiar explotación mineral, señala
■ Gobiernos estatales y municipales no pueden ejercer controles fiscales sobre industria extractiva, dice
La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto en el ámbito minero, con la aplicación de un nuevo impuesto a estas empresas, no va a potenciar el desarrollo municipal y local de las regiones mineras del país, ni soluciona los problemas de fondo de la actual legislación.
Así lo expuso el profesor-investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Darcy Tetreault, durante su ponencia en el Seminario Internacional sobre Megaminería, Extractivismo y Desarrollo en América Latina.
Comentó que esta iniciativa de Gobierno Federal no ataca dos de los aspectos fundamentales que actualmente rigen en la Ley Minera y que están expuestos en el artículo 6 de dicho texto normativo.
En concreto, explicó que en estas cláusulas se establece que la exploración, explotación y beneficios de minerales será preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, lo cual tiene graves implicaciones para las comunidades, pues abre la posibilidad de expropiar sus tierras.
Y el siguiente punto en la ley, que tampoco se modifica con la propuesta presidencial, es que únicamente podrán ser leyes de carácter federal las que puedan gravar esta industria, por lo que el académico explicó que los gobiernos estatales y municipales no pueden ejercer controles fiscales sobre las actividades mineras.
Tetreault planteó que esta recaudación de impuestos tendrá que ser dividida entre los gobiernos estatales y los municipios con actividad minera. En Zacatecas, por este concepto, se espera recaudar 300 millones de pesos.
Comentó que se establece también la creación de comités de desarrollo regional para administrar los recursos en los distintos territorios, pero en estos, precisó, se advierte una desigualdad a favor de las empresas del sector y en detrimento de los habitantes de las comunidades afectadas.
Esto es así, sostuvo, debido a que estos grupos que decidirán el destino del fondo se plantea que estén conformados por un funcionario de la administración estatal, otro del ayuntamiento, un representante de los pobladores y dos de la compañía extractiva.
La mayor presencia de la empresa en el comité, aseguró el profesor de la UAZ, responde al interés de garantizar que se le dé preferencia a los intereses del capital, para poder invertir el recurso en proyectos que se enfoquen al desarrollo social.
Ante esto, planteó que es necesaria una propuesta más seria que permita que las comunidades tengan derecho a rechazar un proyecto minero si no consideran conveniente su desarrollo en la región que habitan; pues actualmente, añadió, priva la visión de que Gobierno Federal tenga la potestad “de entregar los recursos a cualquier capital y que las actividades mineras tengan preferencia sobre otras”.
En cuanto al panorama minero que en estos momentos rige en el país, Tetrault comentó que, aunque la creencia más común sea que las empresas extranjeras tienen en sus manos la mayor parte de esta industria, la realidad es que son las compañías mexicanas, principalmente Grupo México, Peñoles y la Minera Frisco, las que “ejercen el control oligopólico sobre el sector”.
En ese tenor, sustentó esta afirmación exponiendo que, por ejemplo, Grupo México posee las dos terceras partes de la producción de cobre nacional, mientras que Peñoles aglutina la mitad de la plata el país.
Tras mostrar el escenario actual de la minería en el país, con aspectos concretos de Zacatecas, el investigador sostuvo que deben potenciarse alternativas de desarrollo como los proyectos de ecoturismo, el manejo forestal comunitario, la agroecología, la soberanía alimentaria y el comercio justo, de forma que se garantice el sustento de las comunidades, sin dañar el medio ambiente ni la biodiversidad.
Señaló que para que estas opciones sean visibles se requiere fortalecer la lucha en todos los niveles, es decir, “los movimientos anti-mineros tienen que unir sus fuerzas con otros movimientos sociales izquierdistas para ganar el control del aparato estatal y para transformarlo radicalmente”.
No obstante, subrayó al final de su exposición que el hecho de conquistar las esferas de poder no significa que se vaya a erradicar la “megaminería tóxica”, lo cual ha quedado patente en experiencias como las de Bolivia y Ecuador.
Por ello, “el desarrollo tiene que reflejar una racionalidad ecológica y social que implica una forma de socialismo, autonomía indígena y la desvaloración del oro y la plata. Seguramente hay mejores maneras de demostrar y simbolizar el amor entre una pareja, que con un anillo de oro sangriento y ecológicamente destructivo”, concluyó.
