■ Secretario de Administración descarta desvío de recursos
A decir del secretario de Administración, Le Roy Barragán Ocampo, no hay justificación ni elementos jurídicos para que proceda la controversia constitucional que diputados de oposición interpusieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de Gobierno del Estado, por la presunta alteración al Presupuesto de Egresos 2014; aseguran, etiquetaron 288 millones de pesos para subsidiar un porcentaje del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de sus burócratas, sin embargo, no lo aplica para ese fin.
Dijo que la oposición está en su derecho de acudir a las instancias legales que considere si se siente agraviada, “ese es el camino y en su momento el tribunal será el que dirima si tuvo o no razón el quejoso”. Sin embargo, el Ejecutivo argumentará que el ISR es un impuesto federal general, sin exclusividades para ciertos trabajadores.
Barragán negó que se hayan etiquetado los 288 millones de pesos como alegan los trabajadores y diputados, señaló que únicamente existe un subsidio al ISR de los empleados de gobierno, que era de 40 por ciento y el otro 60 era de la Federación, pero a partir de este año sólo se aplica 30 por ciento federal, más una cantidad similar del local, y queda en 60 por ciento.
Agregó que se decidió hacer el descuento de manera gradual y también se busca en la negociación contractual tratar de apoyar a los trabajadores mediante otros rubros, para que no se pierda su capacidad adquisitiva de compra. “Malo que les hubiéramos quitado 40 por ciento que les paga Gobierno estatal”, expuso.
El funcionario negó cualquier desvío de recursos; “lo que dijo alguien por ahí de que el megafraude y sabe qué, pues lo traerá en su bolsa, sino que nos diga dónde lo trae”.
Barragán resaltó que a millones de trabajadores del país se les retiene 100 por ciento del ISR, al igual que quienes entran en la actualidad a las nóminas de gobierno.
Por su parte el secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar, consideró que les falta información a quienes interpusieron la controversia ante la SCJN, sin embargo, dijo, analizará si hay elementos para iniciar una investigación, aunque de entrada consideró que no hay mucha materia.
Huizar refirió no tener inconveniente en verificar si hay materia o no para investigar; eso les permitirá darles certeza a los trabajadores, y en caso de que sí haya etiquetados 288 millones de pesos, se tendrá que ver los detalles con la Secretaría de Finanzas (Sefi).
