La asociación de fraude y corrupción con Pemex no es algo nuevo; más de una década de labor periodística respaldan esta afirmación. Personajes como Jesús Reyes Heroles, Luis Ramírez Corzo, Juan José Suárez Coppel, han estado en la mira de la prensa libre por ser los dirigentes de la paraestatal, y en cuyas direcciones se concesionaron contratos multimillonarios a las empresas a las que se incorporaban como ex funcionarios o a las que pensaban asociarse cuando se hallaban al frente de Petróleos Mexicanos. Según informes financieros de Petróleos Mexicanos, hasta 2010 la empresa había pagado más de 13 mil 950 millones de pesos anuales de sobreprecio en la compra de equipos, mercancías, servicios y productos requeridos para su operación a causa de la corrupción.
Hoy toca el turno a Mario Alberto Ávila Lizárraga (ex subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción), quien tiene que rendir explicaciones por denuncias de fraude y lavado de dinero que ponen a la paraestatal en la mira. Pero más allá de que el gobierno de Peña Nieto investigue por corrupción a un panista clave en Pemex, lo se debiera cuestionar es la estructura económica con la que opera la paraestatal, y en dónde radica la más grave corrupción en Pemex, pues los actos de corrupción no se limitan a recibir sobornos o donaciones por determinadas concesiones, sino también abarca a los servidores públicos que permanecen y permanecieron inmóviles ante la descapitalización de la empresa estratégica del país.
Recordemos que durante cerca de medio siglo (de 1939 a 1982) con la política de desarrollo comandada por el gobierno mexicano, Pemex se desempeñó como un organismo público encargado de satisfacer las necesidades de recursos energéticos en el país: industrializó el petróleo mexicano, diversificó su producción y se establecieron importantes plantas productivas. Pero con la entrada en vigor del modelo neoliberal esta política de industrialización del país terminó, dando lugar al proceso de desintegración de la paraestatal: se fraccionó el organismo petrolero en cuatro subsidiaras que separaron el proceso de exploración y producción del crudo de su creciente exportación, relegando así la industria del sector de la investigación y el desarrollo de la petroquímica.
Esto derivó en que hoy 2014, Pemex se maneje como una institución fragmentada y carente de unidad y propósito, que extrae y vende un recurso no renovable de la nación sin aumentar la capacidad productiva del país. Se abandonaron los proyectos de industrialización que se tenían del petróleo y el gas, generando el deterioro de múltiples instalaciones (alegando obsolescencia), y el despido de personal técnico capacitado para priorizar el empleo de trabajadores administrativos que lejanos de la lógica industrialización, propician el grave problema de corrupción en los medianos y altos mandos de la empresa.
Este grave problema en el manejo de operación de Pemex se ha disfrazado y minimizado. Para muestra bastan las declaraciones del actual director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien afirma que los problemas de corrupción en el organismo petroleros son “aislados”. Declaraciones más que darnos tranquilidad a los mexicanos entorno al manejo de la empresa petrolera, nos hacen cuestionarnos sobre la trascendencia de la ausencia de un sistema de planeación nacional de desarrollo y el exceso de facultades que asumen los altos mandos directivos que arrinconan un verdadero sistema de planeación democrática en las subsecretarías del organismo petrolero, a las que hoy en día se les asocian situaciones de fraude y corrupción. ■
