Las reformas del saqueo

Las reformas del saqueo

Esta semana, en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013, el sociólogo e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Roger Bartra, señaló que las reformas recientemente aprobadas en México derivan de pactos políticos que consideran que dichas medidas representan el mejor camino para el país. Sin embargo Bartra aseveró que las reformas resultarán insuficientes para contrarrestar la desigualdad, inseguridad y pobreza que laceran la vida de múltiples sectores en México.

La respuesta a ello la dio el propio Enrique Peña Nieto, quien en el mismo evento celebró la aprobación de las reformas y destacó lo que a su juicio es un amplio consenso tanto en la cámara de diputados como en la de senadores para su implementación. Ambas declaraciones se dieron en un momento dedicado no al debate sobre este tema, sino a la entrega de un premio muy importante, lo que explica la ausencia de profundización en este tópico. Sin embargo hay dos elementos dignos de ser retomados. El primero es que el pacto político que subyace a la implementación de las reformas no ha estado exento de desacuerdos entre las tres principales fracciones políticas de nuestro sistema de partidos, pues tanto por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) como del Partido Acción Nacional (PAN) ha habido senadores y diputados que se han mostrado en desacuerdo, y aunque claramente no han sido mayoría, es de resaltar que su reclamo apunta a revelar la vocación nociva de estas reformas para México.

La inconformidad social que se ha generado en los últimos días, y la cual ha sido contenida por las ignominiosas vallas y el cuerpo de granaderos al exterior del recinto legislativo, se orienta a criticar duramente este pacto por mantenerse muy alejado del beneficio social, lo que le ha valido a diputados y senadores la acusación de legislar bajo la opacidad y haberse dejado comprar, como han revelado diversas fuentes, las cuales sostienen que los diputados recibirán un “superbono” de 35. 5 millones de pesos por votar las reformas peñanietistas. Lo cierto es que en esta coyuntura, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido muy eficaz para hacerse del respaldo político (aunque no debe quitarse responsabilidad al estado moribundo y sin brújula ideológica del PRD, y a la “versatilidad” de negociación y carácter mercenario del blanquiazul) y para cooptar a grupos clave. No obstante –y a pesar del consenso que Peña Nieto no tiene reparo en presumir-, su mayor debilidad podría estar en que ante la ola de reclamos que se avecinan, producto de los efectos negativos que las reformas seguramente generarán, el PRI no cuenta con el consenso que en décadas previas mantuviera con múltiples sectores sociales a partir de la compra de voluntades y de revestirse de una falsa retórica basada en los principios derivados de la Revolución Mexicana.

Ahora bien, esto no necesariamente es algo positivo para la disidencia social, pues los ajustes normativos que se han desplegado durante los últimos meses representan un sólido cuadro de criminalización de masas, lo que conlleva detenciones arbitrarias, pago de fianzas cada vez más elevadas y penas mucho más largas en prisión, lo que encuentra sustento legal en la Ley contra el terrorismo aprobada el 3 de diciembre de este año, la facultad presidencial de suspender garantías y las leyes contra manifestaciones públicas. Dicho de otro modo, la garantía que el PRI-gobierno no tiene actualmente con los grupos sociales será sustituida por las medidas punitivas y la “mano dura”.

Este pacto y el consenso del que se ha revestido el partido tricolor son el preludio de reformas que avanzarán sobre los rieles de la privatización y la desregulación propios del modelo neoliberal, y tendrán como correlato la obediencia de México a intereses supranacionales, el despojo de bienes, la explotación desmesurada de la fuerza de trabajo y terminarán por demoler lo que queda del Estado benefactor, el cual debe caracterizarse por privilegiar y atender las necesidades más apremiantes de la sociedad.

Los primeros botones de muestra de esto son la criminalización de personas que han protestado en el Distrito Federal en estos días, pero también durante el embate en semanas pasadas contra el sector magisterial que opuso resistencia a la reforma educativa y terminó por ser avasallada por las fuerzas del orden en el Zócalo capitalino; el cínico incumplimiento de promesas de campaña de no elevar el costo de la gasolina, la electricidad o el servicio del metro del Distrito Federal; la implementación de los “medidores inteligentes” que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha comenzado a colocar en diversos lugares del país, y los cuales representan mayor ganancia para la comisión y más sujeción y pérdida de recursos para los usuarios, además de que apunta a que la CFE puede correr el mismo destino que Petróleos Mexicanos (Pemex) de ser privatizada; la vulneración de la educación pública, en un esquema que perjudica a padres de familia que tendrán que pagar más, estudiantes que reciben una preparación deficiente y orientada a la obediencia y no al libre pensamiento, y profesores que verán disminuidos sus ya de por sí escasos derechos.

El panorama es poco alentador, y las consideraciones del maestro Bartra sobre que la desigualdad, la inseguridad y la pobreza difícilmente serán superadas en México con estas reformas son muy acertadas, y encuentran explicación no sólo en la incapacidad de un presidente que pasa la mayor parte de su tiempo forcejeando para articular oraciones coherentes, sino porque las reformas que cierran este 2013 no están guiadas por el beneficio para el país, sino que dependen de la agenda del capital transnacional y el proyecto de regionalización estadunidense, lo que prácticamente resulta un acta de defunción para el Estado benefactor mexicano. ■

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