Sao Paulo. Veinticinco policías fueron condenados este sábado a 624 años de prisión cada uno por estar involucrados en la matanza en la cárcel de Carandirú en 1992, que dejó 111 prisioneros muertos en la mayor tragedia carcelaria en la historia de Brasil.
«Hubo inequívoco abuso de poder», aseveró el juez Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, durante la lectura de la sentencia la madrugada de este sábado ante la prensa en Sao Paulo.
Estos 25 policías -de los cuales nueve aún están en actividad- fueron responsabilizados por el fallecimiento de 52 presos, en el marco de un operativo policial para contener una riña que desembocó en una rebelión el 2 de octubre de 1992.
Los siete integrantes del jurado estuvieron reunidos por cinco horas para resolver más de 7 mil preguntas y elaborar el dictamen en el tribunal penal de Barra Funda.
«Este es, ciertamente, el proceso más complejo de la justicia brasileña», agregó el magistrado.
La abogada de los policías Ieda Ribeiro de Souza adelantó que apelará el fallo, aunque admitió que será difícil cambiar la decisión.
«Cuando se condena a policías que trabajan honestamente y que no tuvieron participación en este número de muertes (…) se les desvaloriza», declaró a la prensa la abogada al sostener que con esta condena salen ganando los criminales.
Más de 20 años después
El juicio, que se extendió por una semana, es la segunda parte de un proceso que fue dividido en cuatro, para juzgar en total a 79 miembros de la policía militar por la muerte de los prisioneros.
En abril, en la primera parte del juicio, 23 policías fueron condenados a 156 años de cárcel cada uno, por la muerte de 13 presos.
Las cuatro partes del proceso corresponden a las muertes registradas en cada piso de esta prisión de Sao Paulo.
La acusación asegura que los presos fueron ejecutados, mientras la contraparte señala que los policías dispararon en legítima defensa porque estaban siendo amenazados y agredidos por los prisioneros amotinados.
Durante el último día del segundo juicio, dos de los acusados intentaron convencer al jurado que la policía militar no tuvo más opción que defenderse frente a los presos.
No obstante, los resultados de las autopsias e investigaciones de la policía científica determinaron que al menos nueve de cada diez presos fueron muertos con tiros en la cabeza y en el cuello.
Durante el proceso, se mostraron pericias que comprobaban que hubo disparos a presos a quemarropa y desde trayectorias que demostrarían que estos estaban de rodillas o acostados.
Todos los policías que participaron en la acción resultaron ilesos. Otros 87 prisioneros quedaron heridos.
El proceso tardó más de dos décadas en realizarse porque inicialmente estaba en la justicia militar y luego pasó a la esfera de la justicia ordinaria. Una serie de recursos presentados por los reos a lo largo de los años también demoró su comienzo.
Hasta antes de que se iniciara el juicio sólo había sido procesado un acusado por esta masacre: el coronel que comandó la operación, Ubiratan Guimarães, que en 2001 fue condenado a 632 años de prisión por las muertes, pero más tarde apeló el fallo y fue absuelto.
Guimarães, también ex diputado estatal, fue hallado muerto en 2006 con un tiro en el pecho en su departamento de Sao Paulo.
El penal de Carandirú era en la época el mayor presidio de América Latina con unos 8 mil reos.
