Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia

Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia

Una de las principales estrategias del Programa Nacional para la Prevención
de la Violencia y la Delincuencia del gobierno de Enrique Peña Nieto es el
“Programa de Intervención Temprana de Problemas de Aprendizaje y
Conductuales (Entrega de Lentes)”.

De acuerdo con las bases del programa, el objetivo de esta estrategia es
“evitar la deserción escolar causada por problemas de discapacidad visual,
auditiva y de atención, reduciendo riesgos de deserción. Esto porque los
niños con problemas de aprendizaje no detectados a tiempo tienen mayor
riesgo de asumir problemas conductuales y en el futuro abandonar el sistema
educativo”.

Además, según la descripción del proyecto, el programa se enfocará en los
4.5 millones de alumnos de primaria de las 57 demarcaciones, se realizará
un examen optométrico al 30% de ellos y el 12.7% será beneficiado. La meta
es que 576,675 niños cuenten con lentes nuevos graduados. El costo del
programa es de $98 millones 23 mil 362 pesos y será cubierto, en partes
iguales, por la iniciativa privada, fondos federales de la SEGOB, SEP y
Salud y por los fondos estatales y municipales asignados por programa. Cada
uno de los actores aportará $32.6 millones de pesos.

La decisión de implementar esta estrategia está basada en dos estimaciones:
1) El 28% de las deserciones escolares tienen como causa problemas
visuales, auditivos o cognitivos leves no detectados oportunamente.
2) El 12.7% de los alumnos de primaria tienen problemas visuales que pueden
corregirse con lentes.

Hasta aquí la información existente sobre la estrategia. A pesar de que
parece ser un buen programa educativo, no tenemos evidencia empírica que
sustente su propósito de prevención de la violencia y del delito. Con la
información que contamos al día, parece ser que la estrategia de entrega de
lentes confunde una política social con una política de prevención.

En la selección de las demarcaciones del programa no hay un diagnóstico
base de cuáles de ellas necesitan ser atendidas de forma prioritaria, ni
cuáles son otras variables que, en cuya presencia, el fenómeno se
desarrolla con mayor rapidez, tales como porcentaje de hogares
monoparentales o falta de espacios deportivos. Tampoco sabemos qué delitos
en particular son los que están relacionados con la deserción escolar, o si
los niños que desertaron por problemas visuales tienen mayor probabilidad
de convertirse en delincuentes que aquellos que desertaron por otras
razones.

Además, el programa debe incluir en su diagnóstico el porcentaje de
delincuentes conocidos que salieron de la escuela en la primaria,
porcentaje de delincuentes cuya principal razón para salir de la escuela
fue algún problema visual, características socioeconómicas —composición
escolar, nivel de ingreso, consumo de alcohol de los padres— de los alumnos
que desertaron de la escuela por problemas visuales y su actividad
posterior a la deserción del total de niños y de aquellos con problemas de
la vista.

En resumen, el programa carece del diagnóstico necesario para la
implementación de cualquier política pública, y en materia de prevención,
no existe información de cómo los fenómenos de deserción escolar por
problemas visuales y de delincuencia están relacionados entre sí, ni cuáles
son los delitos en específico que se buscan prevenir. Tampoco sabemos
cuáles serán los indicadores para evaluar el programa, ni en cuánto tiempo
podremos ver resultados de disminución del delito.

Por lo tanto, el Programa de Entrega de Lentes no tiene las características
de una estrategia de prevención del delito. Más bien, tiene características
de una política social para reducir problemas educativos y en ese sentido,
es cuestionable su propósito en materia de seguridad.

Lo que hace diferente a una política de prevención del delito de las demás
políticas sociales es que en la primera existe un diagnóstico claro sobre
cuál es el fenómeno delictivo que se busca prevenir y sobre su relación con
otros problemas sociales. Este diagnóstico permite identificar y reducir
los factores de riesgo del delito y las oportunidades para que las personas
—principalmente los jóvenes— se conviertan en delincuentes. El objetivo
último de estas políticas es disminuir la comisión del delito y evitar que
aparezcan nuevos delincuentes.

Es loable que se busque atender el desafío que muchos niños y jóvenes
enfrentan al acudir al salón de clases cuando no pueden leer el pizarrón
por falta de lentes. Pero de ahí a afirmar que esto es un factor
contundente de la deserción escolar y que ésta a su vez tiene un efecto
causal sobre la participación de los niños y jóvenes en la delincuencia o
en mayores niveles de violencia, hay un salto mayúsculo que hasta hoy la
autoridad no ha podido sustentar empíricamente.

Sin este piso mínimo, la búsqueda de la prevención del delito se estará
sentando en una base preocupantemente frágil. Ocurrencias con propósitos
loables en términos sociales pueden ser políticamente atractivos, pero poco
eficaces para el combate y la prevención de la delincuencia del país. ■

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