Los trenes y el metro no circularon, las administraciones estuvieron cerradas y el transporte aéreo sufrió retrasos y cancelaciones este jueves en Portugal debido a una huelga general, la cuarta en los dos últimos años, convocada por los sindicatos para protestar contra la política de austeridad impuesta por el rescate europeo.
La huelga fue convocada por los dos principales sindicatos del país, la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP), cercana al Partido Comunista, y la Unión General de Trabajadores (UGT), históricamente más moderada y vinculada al Partido socialista.
Asimismo, miles de personas salieron a las calles de Lisboa y de otras ciudades para protestar.
«Los objetivos de la huelga se lograron», declaró a la prensa Carlos Silva, secretario general de la central sindical UGT, que convocó a esta jornada de movilización con la CGTP, cercana al Partido Comunista.
«Nuestro objetivo era decir: ¡paren las políticas de austeridad!», agregó congratulándose de la «fuerte movilización», especialmente en el sector público.
Consideró que la tasa de participación fue «superior al 50 por ciento del total de los activos», o sea un poco más de «cinco millones de personas … de ellas más de un millón de desempleados», dijo.
Un poco antes, Arménio Carlos, líder de la CGTP, habló de «una huelga general excepcional» y acusó al primer ministro, Pedro Passos Coelho, de ser el «más grande exterminador del empleo».
«Las manifestaciones funcionaron en Brasil. Los portugueses deben salir a la calle y expresar su cólera» afirmó David Santos, un joven desempleado que manifestaba en la capital. Algunos incidentes se registraron durante la movilización. Un centenar de manifestantes salió del parlamento y atravesó la ciudad para bloquear el puente 25 de abril, que une los suburbios del sur de la capital. La policía les impidió el paso unos metros antes del acceso al puente.
La huelga del jueves es la segunda organizada conjuntamente por ambos sindicatos desde la de noviembre de 2011, cinco meses después de la llegada al poder del gobierno de centro derecha. La CGTP convocó sola las huelgas de marzo y noviembre de 2012.
La huelga se convocó tras el anuncio por el gobierno de una serie de medidas de austeridad, que afectan sobre todo a los funcionarios (aumento de 35 a 40 horas de trabajo semanales, supresión de puestos de trabajo).
Pero la esperanza de las dos centrales de extender el movimiento social al sector privado, poco sindicalizado, parecía frustrarse. «Las cifras para el sector privado no alcanzan a los de la administración pública», admitió Carlos Silva. «Algunos portugueses no están en su trabajo, pero otros sí. El país no está paralizado», comentó por su lado el ministro portavoz del gobierno, Luis Marques Guedes, tras el Consejo de ministros semanal. La administración de los aeropuertos, ANA, indicó que 80 vuelos fueron anulados, entre ellos 56 a Lisboa, y que se producían numerosos retrasos.
Los servicios de salud también se vieron afectados, y en el hospital Sao José, uno de los principales de Lisboa, solamente las operaciones quirúrgicas urgentes se llevaron a cabo, según la televisión privada Sic.
Los medios de comunicación públicos también se vieron perturbados. La agencia de prensa Lusa interrumpió su servicio desde las 08H00 GMT.
Bajo la mirada de la troika
Aunque reconoció el derecho «inalienable» de hacer huelga, el primer ministro Pedro Passos Coelho, ferviente partidario de la austeridad, afirmó la víspera en el Parlamento que «el país necesita menos huelgas y más trabajo», durante una intervención perturbada por manifestantes.
La huelga general se lleva a cabo bajo la mirada de la troika UE-BCE-FMI, los suministradores de fondos y acreedores de Portugal, que empezó el lunes una misión en Lisboa para preparar la próxima evaluación trimestral, que se inicia el 15 de julio.
Pese a su creciente aislamiento político en Portugal, Passos Coelho sigue teniendo el apoyo de los acreedores que reconocen su esfuerzo por enderezar las finanzas del país. Por ello le concedieron hasta 2015 para reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB, el techo impuesto por Bruselas.
El primer ministro no excluyó sin embargo pedir una nueva flexibilización de los objetivos, que sería ya la tercera desde el plan de rescate financiero de 78 mil millones de dólares, acordado en mayo de 2011 por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
La política de austeridad ha agravado más de lo previsto la recesión y el desempleo, y la economía, en retroceso desde hace dos años, volverá a contraerse este año con una caída del PIB de 2.3 por ciento, en un contexto de desempleo récord del 18.2 por ciento de la población activa.
