La diputada Renata Libertad Ávila Valadez presentó dos iniciativas destinadas a reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en la entidad.
En la sesión ordinaria de ayer en el Congreso de Zacatecas, la primera iniciativa propone modificaciones a diversos artículos del Código Penal, buscando despenalizar y regular la interrupción del embarazo. La segunda iniciativa se enfoca en reformar la Ley de Salud del estado, con el fin de garantizar el acceso a servicios de salud seguros y dignos para las mujeres.
La propuesta incluye cambios a los artículos que actualmente penalizan el aborto, particularmente permitiendo su práctica después de la duodécima semana de gestación y reduciendo las sanciones impuestas a las mujeres que deciden abortar.
La iniciativa surge en respuesta a un amparo interpuesto por organizaciones civiles, que argumentan que los artículos existentes son inconstitucionales y violan derechos humanos, como la dignidad, la igualdad y la autonomía reproductiva. Además, se plantea que el aborto forzado, es decir, el realizado sin consentimiento, se sancione con penas de prisión significativas.
En el pleno Ávila Valadez enfatizó que la criminalización del aborto tiene efectos estigmatizantes y perpetúa la violencia de género, limitando el acceso de las mujeres a decisiones sobre su propio cuerpo. La iniciativa se basa pues en recomendaciones de instancias internacionales y en un contexto histórico de luchas feministas en México por los derechos reproductivos.
Esta iniciativa fue envidad a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictaminación.
Posteriormente, Ávila Valadez presentó una iniciativa de decreto para reformar y adicionar varios artículos de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas, con el objetivo de reconocer el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo. Esta propuesta busca garantizar el acceso a abortos seguros, respetando los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, en cumplimiento con los estándares nacionales e internacionales.
Además, se menciona la necesidad de acatar una resolución del Segundo Tribunal Colegiado que declara la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto, advirtiendo que no hacerlo podría tener serias repercusiones para el Poder Legislativo.
Asimismo, se estipula que el gobierno debe proporcionar información clara sobre el aborto, sus riesgos y las alternativas disponibles, para garantizar decisiones informadas. También se contempla la objeción de conciencia para médicos, quienes deberán referir a las pacientes a colegas que no se opongan a realizar el procedimiento. Esta segunda iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud.
