Con 18 votos a favor y nueve en contra, fue aprobado en su forma original el dictamen por el que se expide la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, y se armonizan diversos ordenamientos estatales en materia de transparencia.
Además, con 16 votos a favor y 12 en contra, se avaló el dictamen mediante el cual se emite la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. Asimismo, se propusieron iniciativas relacionadas con inteligencia artificial y el derecho humano al agua.
El Congreso del Estado de Zacatecas llevó a cabo la lectura, discusión y votación del dictamen que propone una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como reformas y adiciones a diversas normativas estatales. La iniciativa fue presentada por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, derivada de propuestas formuladas por los diputados Santos Antonio González Huerta y Marco Vinicio Flores Guerrero.
El dictamen contempla, entre otros aspectos, la expedición de una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la armonización de dicha ley con otras disposiciones legales (como la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley Electoral y la Ley Orgánica del Municipio), así como ajustes en el marco legal del Centro de Conciliación Laboral.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la desaparición del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la creación en su lugar de un nuevo organismo descentralizado denominado Transparencia para el Pueblo, sectorizado a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado. Según lo dictaminado, este nuevo ente contará con autonomía técnica y operativa, aunque se mantendrá bajo el ámbito administrativo del Ejecutivo estatal.
En cuanto al impacto presupuestario, el dictamen precisa que no implicará una carga adicional, ya que la transferencia de recursos materiales, financieros y humanos será absorbida con cargo al presupuesto vigente.
Durante la discusión en lo general, diputadas y diputados expresaron distintas posturas sobre la propuesta. La diputada Renata Ávila, quien participó a favor del dictamen, destacó que, si bien la reforma busca armonizar la normativa local con las disposiciones federales, no debe perderse de vista el derecho fundamental al acceso a la información.
Desde su experiencia como periodista, advirtió sobre la posible discrecionalidad en la clasificación de información como “reservada”, sin criterios suficientemente claros, lo que podría afectar la rendición de cuentas. Aunque votó a favor, planteó reservas respecto a este punto.
Por su parte, Ma. Teresa López García, expresó una postura crítica. Señaló que el nuevo marco legal presenta retrocesos en materia de autonomía institucional, al subordinar el nuevo organismo al Ejecutivo. Cuestionó que se eliminara la figura de un órgano garante autónomo, con capacidad para supervisar y sancionar incumplimientos, lo cual podría debilitar el ejercicio efectivo del derecho a la información.
Carlos Peña Badillo también manifestó su oposición. Reconoció que la comisión escuchó voces diversas durante la elaboración del dictamen, pero advirtió que la reforma, tal como está planteada, representa un riesgo de concentración del control sobre la información pública en manos del Ejecutivo. Peña insistió en que este tipo de reformas reflejan una tendencia nacional hacia el debilitamiento de contrapesos institucionales.
Finalmente, el dictamen fue sometido a votación en lo general y, aunque fue aprobado, varias diputadas y diputados anunciaron la presentación de reservas para su discusión en lo particular.
Marco Vinicio Flores Guerrero, presentó reservas al dictamen, reconociendo los avances en la ampliación de información pública obligatoria, pero expresando preocupación por la ambigüedad en las fracciones 10 y 11 del artículo 100, que podrían permitir reservar información sin criterios claros, afectando el derecho a saber.
También criticó la concentración de la autoridad garante en el Ejecutivo estatal, lo que vulneraría la autonomía municipal y universitaria, proponiendo que los órganos de control locales y universitarios actúen como garantes en sus respectivos ámbitos. Además, lamentó la eliminación del Consejo Ciudadano del antiguo IZAI y propuso reinsertar mecanismos de participación ciudadana a través del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, para mantener un carácter plural y democrático en el sistema.
Por su parte, la diputada Renata Libertad Ávila Valadez enfatizó la necesidad de legislar ante la desaparición del INAI y el órgano estatal para evitar incertidumbre jurídica. Propuso adicionar un artículo 102 Bis que establezca que la clasificación de información como reservada debe basarse en criterios objetivos, proporcionales y necesarios, prohibiendo reservar información relacionada con el uso de recursos públicos, procesos de contratación, obra pública y otros temas de interés colectivo.
Posteriormente, el diputado Jesús Padilla Estrada presentó una propuesta para que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en conjunto con la SEP, universidades y centros de investigación, impulsen programas académicos y proyectos colaborativos orientados al desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en México. El objetivo es generar conocimiento estratégico, fortalecer capacidades regionales, y fomentar redes de trabajo con impacto nacional y acceso a recursos internacionales.
En una segunda iniciativa, el legislador propuso modificar el artículo 30 de la Constitución de Zacatecas para garantizar el derecho humano al agua. La reforma plantea que toda persona debe tener acceso diario y sustentable a agua potable de calidad para uso personal y doméstico, además de información sobre su gestión. El agua sería reconocida como un bien público, social y cultural, cuya administración deberá mantenerse bajo control estatal y sin fines de lucro.
