Luego de que se había anunciado que la sesión de la Comisión Jurisdiccional de la 64 Legislatura, en la que se dictaría el rumbo sobre el desafuero de Julio César “N”, por su posible implicación en el asesinato y robo calificado del abogado Raúl Calderón Samaniego, sería abierta y además transmitida, finalmente se llevó a cabo a puerta cerrada, para luego, después de más de dos horas, ser declarada en sesión permanente; se espera que este jueves se reanude y se tenga un dictamen al respecto.
Luego de que Armida Calderón pidiera a los diputados no obstaculiza el proceso mediante cuestionamientos innecesarios y que sea la instancia responsable la que se ocupe de analizar las pruebas, y de señalar que no es necesario que los legisladores tengan acceso al proceso, en redes sociales, abogados como Jorge Rada Luévano, del Colectivo Nacional Anticorrupción (Colecna), argumentaron que el Código Nacional de Procedimientos de Penales está por encima de cualquier reglamento y en ningún supuesto permite a diputados conocer la integridad de la carpeta, por lo que ellos no son autoridades competentes. La solución, publicó, es sujetarse al código y debe de “inaplicarse” cualquier reglamento inferior.
Este asunto jurídico, trascendió, es el que obligó a que la comisión se declarara en sesión permanente. Cabe destacar también que no sólo estuvieron los cinco legisladores y legisladoras que la conforman, sino que la mayoría de los diputados asistió a la encerrona que se dio en el quinto piso del recinto legislativo, desde donde comenzó el trámite, primero con la radicación de los oficios para el servidor público imputado y para la Fiscalía, a la que se le informó que la comisión ha dado trámite a la petición, para después leer el expediente completo que anexó el discal en la petición.
La Legislatura deberá
emitir un dictamen
en los próximos 15 días
posteriores a la radicación
No obstante, antes de declararse el receso y la sesión permanente para retomarse este jueves las 10 horas, el debate se centró en las diferencias que reside en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, pues cuando el primero requisita que solamente las partes y las autoridades judiciales pueden tener acceso a la carpeta de investigación, para cuidar el proceso, la segunda, que es mucho más antigua, establece que la solicitud de desafuero tiene que ser acompañada con todas las actuaciones certificadas, es decir, con la carpeta de investigación completa, lo que podría poner en peligro el debido proceso.
También, la ley de Zacatecas citada señala que, además de la solicitud de la carpeta completa, es requisito previo, para solicitar el desafuero, que el servidor público imputado haya tenido la oportunidad de declarar ante el Ministerio Público, en tanto que el Código Nacional de Procedimientos Penales no lo establece como requisito. Estas diferencias son las que están generando debate al interior de la Legislatura, misma que deberá emitir un dictamen en los próximos 15 días posteriores a la radicación, no obstante, se espera quede listo hoy y se vote posiblemente en sesión ordinaria el viernes.
En tanto, mientras en la Legislatura continúa el hermetismo en sus canales de comunicación, en redes sociales y páginas de noticias comenzó a circular un comunicado de Julio César “N”, en el que informó que acudirá a las instancias respectivas para plantear su defensa sobre dichos señalamientos, de los cuales “nada hay de cierto” y que obedecen a que ha incomodado los últimos años por apoyar a quien más lo requiere y ya no permitir el enriquecimiento de unos cuantos.
