Mediante una adición al Artículo 176 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Karla Dejanira Valdez Espinoza, busca que se impongan de tres meses a cinco años de cárcel y una multa de 10 cuotas a quien simule o autorice la simulación en la aplicación de medicamentos, tratamientos o vacunas, la práctica de una intervención quirúrgica o un procedimiento médico mínimamente invasivo.
A decir de la legisladora, el acceso a la salud es un derecho fundamental que se encuentra previsto en artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el derecho internacional impone cuatro tipos de obligaciones para el Estado, es decir: el deber de respetar; el deber de garantizar; el deber de adoptar medidas apropiadas; y el deber de establecer recursos efectivos.
Asimismo, la Ley General de Salud establece que el Sistema Nacional de Salud tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección a la salud en su artículo 5, no obstante, acusó, dicho derecho se ha visto vulnerado en diversas ocasiones, sea por directivos o personal del sector salud carente de ética profesional, o por otras personas que desconocen el alcance de una práctica indebida en la noble profesión médica, aun en los casos más sensibles.
“Por ejemplo, en marzo del año pasado se dio a conocer a través de la prensa nacional que, en el Aeropuerto Internacional de Campeche las autoridades aduaneras y militares descubrieron dentro de un avión privado lo que parecía un cargamento de vacunas Sputnik V que tenía como destino final Honduras. Pero, tras las pesquisas, se confirmó que se trataba de casi 6 mil dosis falsas del fármaco ruso escondidas en pequeñas neveras”, expuso.
“De igual manera la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; vinculada con el Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, en el mes de noviembre del año 2020 emitió alerta sanitaria en materia de comercialización de productos falsificados, a raíz de una denuncia interpuesta por la comercialización y el uso de los medicamentos Ivermectina e Ivermin, conocidos por su supuesta eficacia para prevenir y combatir el Covid-19”.
Por ello, consideró importante que se deben respetar y dar valor prioritario a los derechos humanos, así como proteger entre otros, el derecho a la salud, principalmente para las poblaciones vulnerables. Sin embargo, y a pesar de los intensos y muy reconocidos esfuerzos institucionales, y del profesionalismo, entrega y valor del personal que opera en los diversos centros de salud de la República Mexicana y del estado de Zacatecas, preocupan los hechos que, a la luz pública, han expuesto la presunta existencia de simulaciones respecto a la aplicación de vacunas y medicamentos.
Derivado de lo anterior, es que surge la necesidad de tipificar la inaplicación de medicamentos, tratamiento o vacunas, y por tal motivo, la iniciativa establece modificaciones al Código Penal del Estado de Zacatecas con el fin de tipificar acciones u omisiones que se presenten en la práctica indebida, tanto de la administración pública en materia de salud, como del servicio médico.
“El derecho a la salud y a la seguridad de la atención de calidad a los habitantes del Estado de Zacatecas debe cumplirse por las autoridades responsables de la materia con la coordinación y colaboración de los diferentes intervinientes de la sociedad; sin embargo, en lo que respecta a la punición de dicho delito, hace falta esclarecer en el Código Penal del Estado de Zacatecas las especificidades para que, de presentarse tales conductas, se sancione a quienes las cometan. Es por ello que mediante la actividad legislativa esta iniciativa ajusta el Código en la materia para que, de cometerse dichos ilícitos, se sancione a los responsables”, concluyó la panista.
