Durante las últimas semanas en el Proceso Electoral Local 2015-2016 se presentaron hechos que han puesto en la mira de la sociedad el papel que han desempeñado los organismos públicos electorales así como los jurisdiccionales en la materia.
Esta contienda no sólo pondrá a prueba la viabilidad de la legislación electoral vigente -reformada en 2014- sino que también la efectividad del ejercicio de las obligaciones de las instituciones emanadas de ésta.
El modo en que han impartido justicia las instituciones administrativas (INE-OPLES) así como la jurisdiccional (TEPJF), al momento le está quedado a deber a la sociedad mexicana, más en los estados en los que sus decisiones marcaran el futuro electoral, sin que sean los ciudadanos quienes con su voto determinen el resultado.
Ciertas sanciones y determinaciones impuestas por el INE, son excesivas, carecen de fundamentos y motivos. Los procedimientos instituidos violentan las garantías de audiencia y legalidad, son totalmente parciales y dependientes de los poderes Ejecutivos (nacional y estatales).
A los partidos y candidatos de la derecha se les ha penalizado con multas económicas, mientras que existen casos en los que a los de izquierda les han impuesto la máxima de las sanciones: La cancelación del registro de candidatura, coartando así el derecho humano a ser votado.
Por ejemplo, en Puebla el Instituto Electoral del Estado, sin petición alguna canceló al Partido de la Revolución Democrática las prerrogativas que por derecho le corresponden, incluso pretendía rescindir el registro de nuestra candidata a gobernadora, Roxana Luna Porquillo, determinación revertida por la Sala Superior del TEPJF.
Otro caso fue en Baja California, el Instituto Estatal Electoral consideró registros de candidaturas de elección popular por el PRD que no correspondían, en los municipios de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito. Lo mismo hizo con la lista de las diputaciones de representación proporcional. Ambos litigios continúan ante el TEPJF.
Los casos referidos evidencian el interés de dividir a la militancia perredistas así como el de entrometerse en la vida y decisiones del partido, sobre todo para ayudar a los gobiernos en turno, principalmente al PRI.
Otra situación de impacto nacional, fue la cancelación de la candidatura de David Monreal Ávila a la gubernatura de Zacatecas por MORENA, acción determinada por el INE; pero esa resolución también la revocó la Sala Superior del TEPJF, porque la sanción fue excesiva, y no cumplió con el mínimo estándar de legalidad, de fundamentación y motivación.
Dicha determinación fue un revés no sólo para el INE, sino para el PRI-Gobierno de Zacatecas, debido a que existen situaciones jurídicas similares con candidatos priístas que tampoco presentaron en tiempo sus informes de gastos de precampaña, es inexplicable que a éstos no se les hayan cancelado sus registros como pasó con Monreal Ávila.
Particularmente dichas acciones denotan que el INE que actúa por consigna, y no bajo los principios democráticos de legalidad, imparcialidad, certeza y objetividad.
Las elecciones deben ganarse con los votos de la ciudadanía, en México así se supone que debe practicarse la democracia. Aquí la población tiene el derecho humano a elegir libremente a sus representantes de cargos de elección popular. La soberanía reside esencialmente en el pueblo, no en los grupos de poder fáctico.
Las reformas que ha habido en materia electoral en México, son producto de la crisis y debilidad permanente y sistemática de las instituciones electorales, pero pareciera que ninguna de éstas fructificará porque aún no se han resuelto los problemas de corrupción e impunidad que existen en este tema.
Es necesario que la sociedad tenga claridad sobre cuál es la función de cada uno de los organismos citados, así se podrán comprender mejor las designaciones de las candidaturas que han pasado por procesos de judicialización.
Las funciones del INE son administrativas, planea y desarrolla elecciones, federales y locales, es la instancia comisionada para el fortalecimiento de la democracia en México. Primordialmente se encarga de fiscalizar los recursos de los partidos políticos durante las campañas electorales, para así garantizar la transparencia y la equidad durante las contiendas.
Mientras que el Tribunal Electoral es quien se encarga de impartir la justicia electoral, resuelve las controversias en la materia, pero sobre todo protege los derechos políticos-electorales de los ciudadanos. Tiene facultad para intervenir en las resoluciones que dan los órganos centrales del INE.
Sin embargo, pese a que en México existen las instancias aún no se podemos afirmar que haya justicia electoral, debido a que éstas se ha desarrollado sin los resultados esperados: No hay equidad en las contiendas electorales.
Simplemente el INE ha resultado ineficaz en su tarea de vigilar y fiscalizar los recursos de los actores políticos, ya que los programas sociales de los gobiernos federal y locales siguen siendo usados con fines políticos, y ante esto no se actuado conforme a la ley.
En México se necesita una nueva cultura de legalidad y construir ciudadanía; que los órganos electorales y las autoridades jurisdiccionales tengan plena autonomía y respondan a los intereses de la sociedad y no de la clase política que los designa. ■
*Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática
