Según Luis Medina Lizalde un evento decisivo en la “rebeldía estudiantil” de los 1970 en la Universidad autónoma de Zacatecas (UAZ) fue la Reforma universitaria iniciada en abril de 1971 (Luis Medina Lizalde “UAZ: medio siglo de tradición y cambio” SEC/UPN/Tecnológico de Tlaltenango, sin fecha de edición). Para Francisco García González este hecho era respuesta de los “grupos de vanguardia” al crecimiento de la matrícula y de las contrataciones de nuevos docentes (Francisco García González “Los años y los días de una institución” Ed. Cuéllar (1998)). Eduardo Remedi atribuye la convocatoria a un congreso de reforma en la UAZ a las indicaciones del licenciado Luis Echeverría Álvarez, a la sazón presidente de la república mexicana (Eduardo Remedi Allione “Detrás del murmullo” Juan Pablos/UAZ (2008)). Con certeza existen más motivos porque un cambio institucional, si bien es resultado de una planeación, no por ello deja de ser la resultante de miríadas de hechos contingentes. Durante los 1970 se inició un proceso de expansión de la matrícula de la UAZ, así que también debió crecer la planta docente. Y de este crecimiento surgió un proyecto nuevo de universidad. Uno que a la fecha permanece incumplido, y seguirá así en el cercano futuro. ¿Cuál era ese proyecto que se dibujó con arcaica, ya vetusta en los 1970, terminología marxista? Lo esboza con claridad García González en la página 29 de su libro: “se recomienda el establecimiento de plazas de maestros de tiempo completo para la Preparatoria, así como el establecimiento de grupos académicos que no sobrepasen los cuarenta alumnos”. De manera más detallada se estipuló,en el contrato colectivo de trabajo UAZ-SPAUAZ, la naturaleza y alcances de ese proyecto: retabulaciones anuales, incrementos constantes de salario por encima de cualquier índice inflacionario, pocas o ninguna causal de rescisión laboral, plazas de tiempo completo para evitar los errores inherentes (o eso se argumentó) a los docentes por hora clase. Y así sucesivamente. Obró en favor de esta reforma una coyuntura particular que recuerda Remedi (p. 224): “Era política del presidente Echeverría, disminuir lo más posible confrontaciones con estudiantes y sus universidades, y en esta línea de acción hizo público, por todos los medios posibles, el espíritu de reconciliación de su gobierno”. Espíritu que nunca fue un soplo, sino un flujo de “beneficios financieros, tratamiento político preferencial, declaraciones reiteradas de respeto a la autonomía…”. José Woldenberg recuerda otra cosa: “profesores de la UNAM se empezaron a reunir para discutir cómo se debía defender a las universidades públicas del acoso que sufrían” (José Woldenberg “Izquierda ¿democrática o autoritaria? Nexos, abril 2022). La solución a ese problema fue la creación de los sindicatos. Si se consultan los estatutos del SPAUAZ todavía está ahí esa ansiedad: la defensa de la autonomía universitaria desde las trincheras de la lucha por mejorar las condiciones laborales. ¿En qué momento el sindicato logró salvaguardar esa autonomía y ante quién? Misterio. Queda claro, pues, que las reformas son iniciativas cuyo desarrollo y conclusión escapa a las explicaciones unicausales. No son resultado de una causa única: la vanguardia universitaria, ni tienen un único y predecible resultado: la mejora de las actividades sustantivas. Por ende, no son procesos “lineales”. Pero hay algo, un patrón de conducta, que sí se deja ver a través del “humo” que deja la vana construcción de héroes esforzados y enemigos invencibles: durante los 1970 una nueva clase dirigente de los destinos del presupuesto universitario emergió. Se consolidó durante los 1980 y vio su declive hacia fines de la década de los 1990. Aquella reforma de 1971 sentó las bases jurídicas del proceso descrito en una nueva ley orgánica, vigente hasta el año 2000. Por supuesto, a lo largo de ese trayecto aquellas leyes perdieron funcionalidad, y después de la reforma de 1999 quedaron liquidadas por completo. Con la nueva ley orgánica apareció, en el plexo de la historia universitaria de Zacatecas, otra dirigencia, escindida del grupo que había administrado la universidad hasta ese momento. Lleva 22 años en la rectoría y tenía un nuevo proyecto, pergeñado en el desvanecido Centro de Estudios Multidisciplinarios. Apareció entonces el “Campus Siglo XXI”, se resolvió el problema de los adeudos hasta una situación manejable. Se aprecia un patrón, pero quizá sea algo ilusorio. Un grupo dirigente se escinde de los anteriores, y cuando las condiciones políticas y económicas lo permiten, sustituye al anterior. Eso aconteció en la década de los 1970, también, pero con menos demagogia pseudoromántica en los primeros años del siglo XXI. ¿Significa esto que el anunció de una reforma es la necesaria sustitución de un grupo por otro? Lo es si se juntan las condiciones políticas y económicas. Para decirlo más claro. Se necesita un gobierno federal decidido a apoyar la transformación con dinero, o al menos a ofrecer una solución política del problema económico, que permita una nueva etapa de crecimiento de la universidad. Y esto se consolida en una nueva ley orgánica, que es la manera de sellar el “pacto social” de convivencia, de reparto de los dineros, entre las diferentes facciones universitarias. Ante los anuncios de reforma universitaria la pregunta que importa es si habrá una sustitución de grupo dirigente o no. El resto es anécdota.
Otra vez la reforma universitaria
