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domingo, 4 diciembre, 2022
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Sistemas anticorrupción, ¿cómo vamos?*

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Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz •

Durante buena parte de los últimos cuarenta años, nuestro debate público se enfocó en las ventajas que traería consigo la anhelada pluralidad democrática. A partir de los sucesos acontecidos a finales de la década de los 60 (el movimiento estudiantil de 1968, particularmente), y los 70 (crisis económica, la participación de un solo candidato en el proceso electoral de 1976), así como las circunstancias financieras e institucionales de los sexenios 1976-1982 y 1982-1988, la vida pública del país se centró, en buena medida, en generar las condiciones que permitieran una transición de un régimen de partido hegemónico a uno de pluralidad democrática. Sin embargo, la conquista de derechos políticos no fue suficiente; a partir de ésta una serie de fallas en nuestro sistema político se fueron haciendo evidentes, particularmente en materia de derechos humanos y justicia. Es así como, a partir de las primeras reformas electorales, hay en paralelo un avance, lento pero consistente, en dichas materias. Casi a la par del entonces Instituto Federal Electoral, nace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y poco antes de la reforma más ambiciosa en relación con los procesos electorales (1996), se reformó la conformación, facultades y atribuciones de la Suprema Corte de Justicia (1995). Finalmente, la pluralidad parlamentaria y las diferentes alternancias (a nivel municipal, subnacional y federal), parecieron confirmar una naciente normalidad democrática en términos de lo electoral. Vino entonces otro debate: el de la garantía de los derechos humanos. En 2011 se reformó la Constitución Política para dar origen a un nuevo paradigma en la materia; en 2013 vería la luz una nueva Ley de Amparo. A su vez, en 2012, México experimentaba la segunda alternancia en el Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, sendos escándalos de corrupción, y/o conflictos de intereses, orillaron a la clase política mexicana a la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, y antes, a otorgar autonomía constitucional al entonces IFAI, convirtiéndolo en el INAI. Todo lo anterior pareció haber conllevado lo que el Maestro Mauricio Merino llamó la segunda transición en México, a partir de los esfuerzos por consolidar un sistema de rendición de cuentas. Luego entonces: ¿es la rendición de cuentas, en sus diferentes sentidos horizontal, vertical y diagonal, parte inherente del concepto práctico de democracia, y en tal caso han contribuido a la consolidación democrática en nuestro país? La respuesta, aunque pareciera obvia, no lo es tanto a la luz de la historia reciente en las democracias occidentales. Es pertinente que nos cuestionemos si los mecanismos, las garantías, procedimientos, derechos e instituciones que forman parte de lo que pudiéramos llamar sistema de rendición de cuentas, se han articulado con el sistema democrático, el político, el de derechos humanos y justicia, para dotar a la democracia mexicana de los elementos necesarios para consolidar su esquema constitucional. La respuesta no es sencilla, y es importante que cada vez con más énfasis realicemos un análisis que permita inferir si la rendición de cuentas, en el caso mexicano, ha contribuido con el fortalecimiento de la democracia constitucional, en sentido sustancial.
En este orden de ideas, es importante conocer el nivel de cumplimiento de las reformas ya comentadas, que a su vez permitan analizar si el modelo instaurado a partir de los sistemas nacional y locales anticorrupción, las leyes generales de responsabilidades administrativas, transparencia, del sistema nacional anticorrupción y otras, han dado resultado, y para ello es importante e imprescindible conocer qué nivel de implementación se ha logrado, para que a partir de esto se puedan proponer reformas que reformulen la política de Estado que se ha diseñado en materia anticorrupción o en su caso, en primer término, realizar un esfuerzo consistente para implementar debidamente dichas reformas.

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*Una versión de este texto fue presentada como actividad evaluable en la Maestría en Administración y Políticas Públicas que el autor se encuentra cursando.

@CarlosETorres_

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