■ Dietas de los representantes se han convertido en una referencia “grosera a la democracia”
■ Hay opacidad en el Congreso, pues no hay quién revise las cuentas de los legisladores, dice
Además de una decisión cínica e insensible, el que los diputados de la 60 Legislatura se vayan a dar una liquidación de entre 300 y 350 mil pesos es ilegal, toda vez que como tal, perciben una dieta y ese término está muy alejado del salario o sueldo, ya que los representantes populares no tienen un cargo de carácter administrativo, sino que por tres años se les confiere una facultad para legislar a nombre del pueblo, opinó el catedrático, Juan Francisco Valerio Quintero.
El docente de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) lamentó que las dietas de los representantes populares se han convertido en una verdadera ficción, porque no son retribuciones razonables, sino por el contrario, los montos exceden los niveles de formación profesional técnica y los de responsabilidad en el ejercicio de su función legislativa que quedan plasmados en la calidad de sus intervenciones e iniciativas.
Valerio Quintero recordó que en antaño la dieta de un representante popular se utilizó con mucha propiedad, pero de unos años acá se ha convertido en una referencia “grosera a la democracia” si se toma en cuenta el origen histórico del término.
Además de la ilegalidad, otro tema cuestionable, creyó, es la opacidad en la cual transcurre el ejercicio de la administración de los recursos del Poder Legislativo, ya que éste, está facultado para revisar las cuentas del Ejecutivo y todos los ayuntamientos, pero no hay quién revise a los diputados, por lo que “dolosamente” se revisan a ellos mismos y se aprueban la totalidad de su gasto, siendo inescrutable lo que sucede al interior del Congreso.
De ahí que comentó el académico, en cada ejercicio legislativo, hay lugar a lo que sucederá en septiembre próximo; es decir, al final el periodo literalmente se reparten los recursos, limpiando las arcas de la Legislatura.
Incluso, independientemente de las discrepancias que pudieron tener a lo largo de su ejercicio legislativo, para darse la liquidación no discuten ni se pelean, “al parecer ahí sí se ponen de acuerdo rápidamente, se reparten de a cómo nos toca”, lesionando con ello la calidad de la vida democrática.
Juan Francisco Valerio destacó por tanto, que desde el punto de vista de la moral pública y la sana aplicación de la ley, prácticamente no hay quien meta en cintura a los diputados. Pese a ello, insistió, no hay ningún fundamento legal para la aplicación de la liquidación “bono o como le quieran llamar porque es un eufemismo y una manera hipócrita de referirse a un recurso público que reciben sin tener ningún derecho”.
Al momento en que el presidente de la Comisión de Planeación Patrimonio y Fianzas (PPF) del Congreso, Osvaldo Contreras Vázquez admitió que en otras Legislaturas se han dado liquidaciones de hasta 2 millones de pesos cada diputado, Valerio consideró que con ello le da la razón a sus reflexiones.
Aunque el problema no es el monto, sino el hecho de asignarse dinero que no les corresponde, “asumiendo una postura cínica y decir que será una cantidad módica la que se darán”. Dijo que si los 350 mil pesos se comparan con el salario anual de un maestro rural que se parte el alma en el trabajo, la cantidad no es módica.
