La economía mexicana ha entrado a una zona de riesgo debido a la drástica caída de los precios del petróleo, pero también al estancamiento económico mantenido durante los últimos 35 años, con un crecimiento por debajo del 2% anual, cifra muy lejana al 5% mínimo requerido para impulsar un nuevo esquema de bienestar.
Por ello, uno de los temas centrales de la discusión pública que debe profundizarse en lo que resta de las campañas políticas, es el relativo a la propuesta de un Presupuesto de Egresos “base cero” para el ejercicio fiscal 2016. Esta idea debería ser la materia de un nuevo diálogo público nacional que permita acordar el conjunto de criterios a aplicar para determinar las prioridades públicas, y el sistema de racionalidad desde el cual se planean y diseñan las principales acciones del gobierno en todos sus órdenes y niveles.
En ese discusión, lo primero que debería considerarse es que un “presupuesto base cero” no debería implicar necesariamente una reducción de recursos, pero si así fuese, el diálogo público debería darse en torno a cuáles son las áreas que pueden y deben reducirse, ya no sólo por su impacto presupuestal sino por la urgente congruencia ética de la clase política.
Recordemos que en cada una de las recientes crisis que hemos enfrentado han sido los pobres quienes han pagado las mayores consecuencias. Porque no sólo se agudizan o profundizan las condiciones de carencia y privaciones que enfrentan, sino también porque la calidad y cobertura de los servicios públicos disminuye. Frente a ello, se debe procurar que, de ser necesarios, los recortes se apliquen en las áreas que definitivamente no son esenciales para el ejercicio del gobierno, como la mayoría de los viajes internacionales del presidente, gobernadores y legisladores, los gastos que se llevan a cabo para realizar una infinidad de eventos públicos masivos; la contratación de artistas famosos en las ferias populares; el costo de las campañas políticas; son sólo algunos ejemplos de dinero que no debe seguir malgastándose.
Por otro lado, hay evidencia suficiente, tanto en el país como a nivel internacional, en que cuando se presentan las crisis el gasto público en las áreas sociales no sólo no debe recortarse, sino que incluso debe crecer en términos absolutos y relativos. Es evidente que ante la turbulencia económica, lo urgente es proteger a quienes menos tienen, y ello exige un esfuerzo doble del gobierno, en todos sus espacios y órdenes, para ampliar las coberturas y fortalecer las redes de protección social en áreas sustantivas, como lo son la alimentación, la salud y la educación.
Esta exigencia debe darse sobre todo en los gobiernos estatales y municipales, valorando cuales de sus miles de programas tienen real sentido, impacto y pertinencia, y cuáles sería mejor eliminar para potenciar y aprovechar mejor los recursos que consumen. En esa tónica, el Gobierno federal deberá marcar el rumbo y dar el ejemplo y explicar la racionalidad de cualquier recorte en lo social.
El diálogo público para el crecimiento de la economía y la redistribución justa de la riqueza debería partir del reconocimiento de que todavía hay márgenes para una reforma fiscal que grave a quienes más tienen y que nos conduzca en serio hacia la construcción del México Social que desde hace mucho merecemos ser: Estamos muy lejos de los estándares relativos al número de médicos y enfermeras por cada mil habitantes; nuestra razón de mortalidad materna es impresentable; la tasa de mortalidad infantil está muy lejana a lo logrado por países de desarrollo similar al nuestro; nuestra tasa de analfabetismo es inaceptable; la inversión per cápita en educación es la más baja de la OCDE.
Captar más recursos fiscales; distribuir la riqueza con criterios de justicia social; asumir en serio el combate a la corrupción; construir una nueva política económica que nos permita crecer de manera sostenida, son las únicas rutas posibles para proteger a los más pobres de los perniciosos efectos que tienen y han tenido históricamente las crisis sobre sus posibilidades de acceso al bienestar.
Sin duda alguna, un nuevo modelo de desarrollo es posible, pero ello requiere que el pueblo de México se proponga romper con las trampas de la pobreza, la exclusión y la desigualdad y que lo exija en las urnas y en las calles, haciendo posible que la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 sea un paso hacia adelante en la construcción de un nuevo pacto económico y social renovado, para la justicia social y la garantía plena de los derechos humanos en nuestro país.
