En la entrega pasada hablamos de las falsedades que la oposición, a la Cuarta Transformación y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, difunde en los medios de comunicación y redes sociales en relación a la reforma aprobada a seis leyes secundarias en materia electoral, con el propósito de confundir y sembrar miedo en la ciudadanía para sacar raja política en los comicios electorales de 2023 (gubernaturas del estado de México y Coahuila) y en la sucesión presidencial de 2024, en las cuales (a excepción de Coahuila, donde la competencia será cerrada) están más que derrotados.
Las afirmaciones de la oposición, consejeros del INE, medios de comunicación, columnistas y comentaristas, no tienen sustento en el texto de la reforma electoral (PLAN B) publicada el pasado 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.
Se miente al decir que desmantelará o desaparecerá al INE, cuando solo se busca su reestructuración, su optimización, su eficiencia y austeridad, fusionando ciertas áreas subutilizadas que están relacionadas en su operación y atribuciones.
Que se despedirá al 85 por ciento de los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional, cuando ningún trabajador de esta naturaleza será despedido, solo se reducirán 1,264 plazas de vocales ejecutivos (mandos superiores), al reducir, en cada estado, el número excesivo de vocalías ejecutivas en los órganos locales estatales y en las juntas distritales, fusionando atribuciones y funciones para una mayor eficiencia y austeridad en el gasto.
Que se pone en riesgo la entrega gratuita de la credencial para votar con fotografía y la credibilidad en los resultados electorales, al entregar el padrón electoral al gobierno, lo cual resulta falso, ya que la reforma no modifica al respecto ningún artículo ni ninguna disposición normativa de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Lo que No dice el INE, los partidos de oposición y los defensores de los privilegios, deseosos de regresar al pasado de corrupción, al tráfico de influencias, al beneficio de las privatizaciones, a los convenios millonarios de publicidad, a las condonaciones de impuestos y a los grandes negocios con el gobierno, es que el INE, el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otros organismos autónomos, se han resistido a la política de austeridad, mediante la interposición de amparos no han acatado el mandato constitucional en su artículo 127, de que “ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función mayor a la establecida para el presidente de la República”.
Uno de los principales motivos por el que no se quiere la reforma, “aunque eso no lo dicen en los medios”, es porque en sus artículos 38, numeral 3; 52, numeral 4; 57, numeral 1; 116, numeral 1, y 125, numeral 2, y en los transitorios décimo quinto y vigésimo quinto, se mandata que los consejeros, directores ejecutivos, y cualquier otro funcionario del INE, los magistrados de los tribunales electorales federal y estatales, y los consejeros de los organismos públicos locales electorales en los estados, no podrán recibir remuneración por su desempeño que rebase la remuneración del Presidente de la República, como lo establece el artículo 127 en su fracción II de la Constitución.
Otro motivo de rechazo a la reforma electoral, “que tampoco dicen”, es que se termina con los grandes privilegios de la burocracia dorada del INE y de los tribunales, entre ellos, el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada que le cuestan mucho al erario público. También están en contra porque se desaparecen dos fideicomisos millonarios del Instituto, el de Pasivos Laborales y el de Infraestructura Inmobiliaria, los cuales carecen de transparencia, son totalmente opacos en su ejercicio, el cual se realiza a libre albedrío, presuntamente para pensiones complementarias y apoyos económicos extraordinarios.
Es por ello que la reforma en los transitorios Décimo y Décimo Primero del Decreto se dispone que, una vez llevada a cabo la reestructuración orgánica del INE y el pago de posibles indemnizaciones, los remanentes presupuestales que se generen, con la presente disposición, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación y se extinguirán y liquidarán los fideicomisos “no más mega-alcancías”.
Finalmente, la reforma electoral prohíbe estrictamente que en las precampañas y campañas electorales se realice la compra del voto a través de la entrega o promesa de despensas, animales, tinacos, láminas, tarjetas de prepago (ampliamente utilizadas en la candidatura presidencial de Peña Nieto), aparatos electrodomésticos, lentes, juguetes, cubetas, utensilios de cocina, útiles escolares, cosméticos y, en general, bienes o beneficios directos, indirectos, mediatos o inmediatos, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona; está estrictamente prohibida a los partidos, aspirantes, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirán como indicio de presión al elector para obtener su voto. El Instituto podrá ordenar la suspensión de la entrega de los bienes a que se refiere este párrafo y dará vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
