■ Cuestionan pedir permiso 48 horas antes de manifestarse en la calle
Diputados de oposición del PRD y PT presentarán entre este viernes y próximo lunes un amparo en contra del reglamento de la Ley de Tránsito por considerarlo inconstitucional, regresivo, antipopular y violatorio de las garantías individuales.
Asesorados por el abogado Santos Antonio González, de manera particular cuestionan el apartado en el cual se establece la necesidad de pedir 48 horas antes permiso a la autoridad para manifestarse en las calles, a fin de que se les asigne a los interesados un espacio para hacerlo y además, deberán informar el motivo y tema de la movilización.
En una conferencia de prensa conjunta, los diputados José Luis Figueroa, Eugenia Flores e Iván de Santiago aseguraron que el grupo parlamentario Por un Zacatecas para Tod@s en su conjunto presentará la queja ante un juez de distrito del Poder Judicial de la Federación.
Quieren que se analice la trasgresión a la Carta Magna, la cual en sus artículos 6 y 9 establece “con plena claridad” que todo ciudadano mexicano tiene derecho a la libre manifestación de las ideas de manera pública y pacífica. Sin embargo, destacaron, el reglamento de tránsito prevén arrestos para quien incumpla con el mandato de pedir permiso.
De modo que dijeron, es contra natura solicitar permiso para protestar en las calles. Además de hacer un llamado a la desobediencia civil y exhortar al gobernador, Miguel Alonso Reyes para que reflexione y derogue el reglamento, invitaron a los ciudadanos a sumarse al amparo el cual podrán firmar únicamente con una copia de su credencial de elector y en caso de tener automóvil con su licencia de manejo y tarjeta de circulación.
La perredista Eugenia Flores dijo que sus auxiliares difundirán las hojas para que los ciudadanos interesados puedan firmar y apoyar el amparo a fin de que no se les pueda aplicar en lo particular. Convocó incluso a taxistas, sindicatos y todos los organismos interesados.
Los inconformes apelarán a tres preceptos constitucionales básicos, el primero, que la norma atenta flagrantemente contra derechos humanos a la libre manifestación de ideas, libre asociación de manifestar de manera pacífica, audiencia y debido proceso. El segundo, afectaciones al sistema de gobierno republicano al abrogar facultades constitucionales propias del municipio. Un tercero es establecer multas con carácter punitivo y no preventivo “lo que propicia excesos a los particulares”.
Santos Antonio González explicó que a partir de la entrada en vigor del reglamento (5 de septiembre) ya no es director de Tránsito el que aplique algunas sanciones, sino el secretario de Seguridad Pública, lo cual sale de la norma constitucional porque el artículo 115 dice que los municipios son los titulares del derecho y el ejercicio de tránsito.
Algunos otros puntos que los legisladores cuestionaron es que las multas tienen un carácter punitivo recaudador y no preventivo, detallan asuntos “ridículos” como decir qué tipo de casco debe portar quien conduzca una motocicleta, los centímetros que debe haber entre cada coche estacionado y lo alejado de la banqueta y se darán licencias de manejo a personas no mayores de 65 años, a excepción que presenten una carta médica.
Figueroa tradujo el reglamento a una decisión autoritaria y una medida ante desesperación por la falta de liquidez en el gobierno.
Además, comentaron, es hasta increíble lo que las autoridades han dicho respecto de que investigan a los líderes de los movimientos que en recientes días han salido a las calles a manifestar su solidaridad con los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. “Falta que los detengan y llenen las cárceles que son para los delincuentes con ciudadano que sólo ejercen sus derechos, mientras que los delincuentes andan libres”.
En apoyo a la postura de los diputados, integrantes del Frente Social por la Soberanía Popular, dijeron que ellos nunca pedirán permiso para manifestarse.
