Como parte de la primera iniciativa ciudadana independiente de cualquier partido político que se presenta en el Estado, distintas colectivas que hacen parte del Movimiento Feminista de Zacatecas trabajan en la recolección de firmas por la despenalización del aborto. Esta iniciativa busca sumar al estado a las cuatro entidades mexicanas que ya despenalizaron el aborto bajo cualquier causal hasta las 12 semanas de gestación (Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz), siendo parte de la gran ola de la Marea Verde a nivel regional, exigiendo: “educación sexual para prevenir; anticonceptivos para disfrutar; aborto legal, libre, seguro y gratuito para no morir”. En el caso de Colombia, el último país en aprobar la interrupción voluntaria del embarazo, este año fue despenalizado hasta la semana 24 de gestación.
Hasta hoy distintos códigos penales en el país criminalizan las conductas sexuales de las mujeres. En el caso de Zacatecas la influencia de los sectores conservadores está plasmada legalmente, pues el aborto es tipificado como un delito, cuya pena es mayor si se ocultó el embarazo, si es fruto de una unión ilegítima o la mujer tiene “mala fama”. Estas medidas claramente tienen vetustos orígenes morales que hasta el día de hoy nos estereotipan, estigmatizan y van en contra de los derechos humanos. Por eso, como bien enuncian las compañeras en la iniciativa “un derecho constitucional no puede ser al mismo tiempo un delito”.
Estas leyes retrógradas, guiadas por preceptos religiosos moralizantes, obvian la realidad de miles de mujeres, niñas y personas gestantes quienes son atravesadas por condiciones de alta marginación económica, políticas de despojo y contextos de violencias mediante los cuales se ven forzadas a acudir a clínicas clandestinas para interrumpir sus embarazos, lo que conlleva a graves complicaciones médicas. Las mujeres no vamos a dejar de abortar, independientemente de lo que diga la ley; al menos alguna vez hemos acompañado a alguna amiga a hacerlo o quizás lo hemos hecho, pero su criminalización lo convierte en una práctica insegura sobre nuestras vidas y salud.
En Zacatecas, según la Dirección General de Salud (DGIS), a través del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), durante 2016 ocurrieron 5,750 nacimientos en mujeres adolescentes de 10 a 19 años en el estado; 152, de 10 a 14 años cumplidos, y 5,598 en aquellas de 15 a 19 años cumplidos. En 2021 se registraron 104 nacimientos de hijos de madres de 10 a 14 años, ocupando los primeros lugares en la tasa de embarazos de adolescentes en el país. Cada año en Zacatecas se presentan alrededor de 4 mil nacimientos en madres adolescentes (15 a 19), mientras que a nivel nacional hay un promedio de 340 mil. Estos datos evidencian la necesidad de promover la educación sexual de manera transversal en todo el sistema educativo.
Pese a estas cifras, y a la descripción de este preocupante contexto, el aborto en Zacatecas puede ser sancionado con penas de entre ocho meses hasta ocho años de prisión. En uno de sus informes, la organización GIRE (2018) (1) narra el caso de Araceli, víctima de violencia intrafamiliar por parte de su expareja, quien sufrió una caída, seguida de una hemorragia muy fuerte. Cuando Araceli acudió al hospital, el personal de salud dio aviso al ministerio público, quien acudió a interrogarla, siendo denunciada, posteriormente procesada y sentenciada a ocho meses de prisión por el delito de aborto.
Otro caso registrado en el citado informe es el de Claudia, de 22 años, quien ocultó su embarazo a sus padres por temor. En la semana 38 de gestación sufrió un parto espontáneo en su casa, acompañado de una fuerte hemorragia. La madre y hermana la llevaron de urgencias al hospital. Claudia fue sentenciada por infanticidio porque el juez consideró que el recién nacido murió por falta de cuidado; su pena condenatoria fue de cuatro años de prisión y una multa por 3,069 pesos. Como ella, hay al menos 12 procesos penales más en curso en Zacatecas.
Por estas y muchas otras razones, la iniciativa busca recaudar al menos 1,670 firmas de ciudadanas y ciudadanos del Estado de Zacatecas que le respalden, a través de las más de treinta colaboradoras o por medio de la aplicación de Apoyo Ciudadano del INE, hasta el próximo 28 de septiembre (Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro). El propósito es que la propuesta pueda ser votada en el Congreso de Zacatecas o por lo menos tomada en cuenta dentro de la agenda legislativa y así el Código Penal se adapte a los criterios de la Suprema Corte, que aprueban el aborto hasta la semana 12 y se garantice el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Con ello el Estado estaría haciendo justicia a un problema de fuerte discriminación hacia las mujeres, que impacta tanto en materia de salud pública como de justicia social, pues al ser prohibido las vidas de las mujeres corren peligro, y al ser criminalizado se castiga principalmente a las mujeres más empobrecidas.
Esta iniciativa es un paso para exigir al Estado nuestro derecho a la libre elección de ser o no madres frente a la voracidad del capital que reduce nuestros cuerpos y nuestros úteros a simples mercancías, a máquinas de producción y reproducción. Por ello, frente a las múltiples violencias directas y estructurales en Latinoamérica hay un creciente contexto catalizador de la lucha feminista, que como bien mencionan Makarán y Flores (2), desde los distintos feminismos, aunque centradas en el feminismo autónomo, promueven las resistencias, el anticapitalismo, la autodefensa, el autocuidado, el amor y amistad entre mujeres y, por supuesto, la emancipación de la sexualidad.
Nos unimos y solidarizamos con el grito de las distintas colectivas quienes reclamamos: “saquen sus rosarios de nuestros ovarios”. ¡Por nuestro derecho autónomo a decidir sobre nuestros cuerpos individuales y colectivos sin que éste sea un privilegio!
Notas:
1 Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), (2018). Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México.
2 Makaran Gaya, Ramos Fabiola. (2023, por publicar) Politizar el cuerpo: Feminismo autónomo en América Latina leído desde las calles.
*Docente-investigadora de la Unidad
Académica de Ciencia Política, UAZ.
