Tras dos semanas de movilizaciones magisteriales y seis meses de trabajos en tres mesas de negociación integradas por legisladores, miembros de la sociedad civil y autoridades, se completó la reforma educativa con la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y su promulgación por el Ejecutivo federal. Aunque es un primer paso en la dirección correcta, en el camino de su aprobación se hicieron concesiones que intentaron ingenua e inútilmente acabar con las acciones disruptivas de la disidencia magisterial (CNTE).
Los pendientes
Las legislaciones aprobadas no han corregido uno de los talones de Aquiles del funcionamiento del sistema educativo: la incompleta descentralización que ha permitido escapar a las autoridades estatales de sus responsabilidades para garantizar el correcto funcionamiento de los planteles de preescolar, primarias, secundarias e instituciones de educación media superior.
Debido a las protestas magisteriales, los legisladores tuvieron que hacer malabares jurídicos para encauzar las exigencias de la disidencia magisterial. En estos malabares eliminaron de la propuesta original algunos elementos que buscaban erradicar la existencia de prácticas corruptas para el acceso al servicio docente por fuera de los concursos de selección y promoción docente por medio de mecanismos no previstos en la ley y en los que no se especifica cuáles son ni si se contempla la nulidad del posible mal logrado cargo.
Los legisladores le han quedado a deber a la ciudadanía al no garantizar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas efectivos en el sistema educativo. La difusión del desempeño docente a nivel individual, se considerará como “información personal” lo que limitará sea del conocimiento público, según lo planteado en el artículo 79 de la LGSPD. En toda sociedad democrática la rendición de cuentas de los funcionarios públicos debe ser una práctica cotidiana.
Los maestros tienen razón al afirmar que esta rendición de cuentas no sólo debe concentrarse en ellos, sino que debe abarcar a los resultados de la autoridad educativa. Sin embargo, esta petición es peculiar si se observa que en varios de los estados representantes del sindicato magisterial son a su vez autoridad educativa.
Por ejemplo, algunos son secretarios de educación, subsecretarios de básica, coordinadores de Carrera Magisterial, etc. Más allá de que recurrentemente la representación magisterial es juez y parte, y que precisamente la reforma ha buscado recuperar para el Estado el control de posiciones clave como lo son directores y supervisores escolares, la propuesta original buscaba tímidamente arrojar luz sobre los resultados de las evaluaciones docentes para avanzar en la rendición de cuentas magisterial.
Un tema nodal en las prácticas del malgasto educativo ha sido el pago con cargo al erario público de los denominados comisionados del sindicato magisterial. Por ello se contemplaba originalmente que en el caso de una persona decidiera aceptar un empleo, cargo o comisión no educativa, tendría que separarse del servicio profesional docente, sin goce de sueldo mientras dure el empleo, cargo o comisión (artículo 78).
Sin embargo, la redacción final fue modificada y se atenuó al establecer que en caso de que este empleo, cargo o comisión impida “el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberá separarse del servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”. Si un individuo comisionado, por ejemplo para ser legislador o presidente municipal, argumenta que de todos modos puede seguir prestando sus funciones docentes, podrá continuar recibiendo independientemente su salario con cargo al presupuesto público. Nuevamente se abre un espacio que debilita previsiones institucionales que deben servir para atajar prácticas recurrentemente nocivas para el buen funcionamiento del sistema educativo.
La implementación de los cambios contemplados en esta reforma será lenta, técnicamente compleja, políticamente costosa y presupuestalmente desafiante. La transformación de las escuelas normales, por ejemplo, tan necesaria para lograr una buena formación docente, ha sido detenida recurrentemente mediante el comportamiento disruptivo familiar que hoy observamos en las calles de la ciudad de México por parte de un sector radical del magisterio.
Pese a que la implementación de las evaluaciones se realizará durante los próximos dos años, Hacienda deberá establecer un proyecto de presupuesto suficiente para dotar de los recursos al INEE para que comience a realizar el fortalecimiento institucional necesario para ejercer correctamente las nuevas facultades que le brinda el marco jurídico aprobado en materia educativa. Los legisladores tendrán que acompañar presupuestalmente con los recursos necesarios las tareas que han decidido encomendarles a las ahora autónomas autoridades educativas del INEE. Las autoridades federales y estatales, pese a la complejidad del marco jurídico, tendrán que acompañar política y técnicamente al INEE para avanzar en la implementación correcta de la reforma educativa.
Será un largo recorrido, con múltiples incertidumbres y desafíos, pero en el que debemos acelerar el paso por el bien de la sociedad en su conjunto, por la necesidad de realmente tener un país con mejor capital humano, para lograr por fin una educación de verdadera calidad a los niños y jóvenes del país, la cual ha sido muy cacareada en los discursos políticos pero que sigue siendo una deuda muy onerosa para el país. El análisis completo disponible www.mexicoevalua.org ■
*Director de Investigación de México Evalúa
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