El principal reto para acabar con la pobreza en México es reducir la desigualdad, y no me refiero a que tengamos que vivir en una utópica sociedad donde todos seamos iguales sin importar nuestro esfuerzo y capacidades, sino a que gran parte del origen de las desigualdades que vivimos en México se han originado a partir de diseños institucionales erróneos que promueven la corrupción, la impunidad y la imposibilidad de que todos gocemos de forma similar de los derechos que promueve nuestra constitución.
Con el debate sobre la reforma hacendaria y el supuesto “castigo” que se está dando a las clases medias, he escuchado a varios de mis amigos y conocidos decir que no es justo que castiguen a quienes tienen más ingresos si los han obtenido porque se esfuerzan más, porque fue gracias a la educación que les dieron sus padres, o porque les heredaron algún negocio o pequeño patrimonio, y en gran parte tienen razón, pero se les olvida señalar que seguramente ellos y en gran parte de los casos, sus padres, tuvieron condiciones más favorables para lograr lo que tienen frente a millones de mexicanos que no corrieron con la misma “suerte”, a pesar de trabajar con el mismo esfuerzo y, lo más importante, ser también mexicanos.
El problema es que no tuvieron las mismas posibilidades solamente por nacer en una comunidad alejada que no tenia escuela primaria, o porque al hacer frente a una grave enfermedad de alguno de sus hijos quedaron en la ruina por no contar con seguridad social, o porque perdieron toda la cosecha en una contingencia climatológica y no pueden acceder a otra forma de ingreso, o porque en su comunidad no existen servicios de salud y nunca los trataron con las vacunas, complementos de nutrición o seguimiento básico, tan comunes ahora en centros urbanos, y así podrimos seguir con cientos de ejemplos más.
Es también muy cierto que la clase media no tiene la culpa y que esa enorme desigualdad que se vive en México, donde el 10% de la población más rica tiene alrededor del 35% de la riqueza total mientras que el 90% restante tiene que distribuirse el 65% restante (cifras del Inegi) puede atribuirse en gran parte a una clase política corrupta asociada a una oligarquía empresarial especuladora y acomodaticia, sin embargo, en este momento tenemos dos opciones, dejar las cosas como están y tener contentos a todos, particularmente a los que tienen mayor presencia mediática, o empezar una verdadera transformación que promueva la justicia social.
La reforma hacendaria debe generar los esquemas que permitan obtener ingresos para apoyar a los que menos tienen, para generar condiciones mínimas de equidad que den posibilidad a todos los mexicanos, independientemente de su lugar de nacimiento o clase social, de tener las mismas oportunidades de superación, y que sea su esfuerzo y habilidades las que determinen su desarrollo. La reforma hacendaria que plantea el presidente Enrique Peña Nieto, tiene prioridad para atender la pobreza, porque México es un país mayoritariamente de pobres.
De acuerdo con el Coneval, más de la mitad de los mexicanos tienen alguna condición de pobreza, y de acuerdo con una nueva medición del Inegi, en 2010, 42.4% de los hogares, en donde vive 39%, de la población del País, son de clase media, mientras que 55% de los hogares, donde habita 59.1% de la población, son de clase baja.
El presidente Peña tiene claro que la clase media es el segmento amortiguador ante los desequilibrios sociales, por ello es incorrecto que en ella deposite la carga del incremento de la recaudación hacendaria, también deberán pagar las clases más altas que, de acuerdo al estudio señalado, representan 2.5% de los hogares donde habitan 1.7% de la población, la reforma energética será otra parte importante, y como también fue señalado, la racionalización del gasto también deberá contribuir a la obtención de mayores ingresos. La estrategia de apoyar a la clase más pobre permitirá entonces fortalecer e incrementar gradualmente la clase media, porque es ésta la que mejor promueve la cohesión social tan necesaria en estos momentos frente al clima de violencia generado por el combate al narcotráfico. Es necesario entonces no perder de vista el bosque y ser tolerantes y abiertos a conocer todo el paquete de reformas para entender esta estrategia como un proyecto integral. ■
