En el contexto de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol en México, junto a otras manifestaciones, se hizo notar, como lo ha hecho durante décadas, la protesta organizada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, movimiento disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Aunque el movimiento magisterial en cuestión, sus prácticas, demandas y dinámicas no son novedosas, y se han escrito un sinnúmero de análisis al respecto en los últimos días, me parece oportuno anotar cómo este fenómeno se explica por la reiteración de algunos vicios del sistema político mexicano.
Atendamos solo la principal e imposible demanda que sostiene la CNTE: la derogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de 2007, que convirtió al sistema de pensiones de uno solidario a uno de cuentas individuales. El fondo de la exigencia es no solo justo sino inobjetable: los modelos de cuentas individuales han mostrado ser, en sus efectos, una de las causas del empobrecimiento de las personas en condiciones de retiro. Sin embargo, como se ha expresado, el cumplimiento de dicha demanda es, en términos financieros, imposible. El retorno al esquema anterior solo sería justo para los beneficiarios de tal esquema, presionando de tal forma las finanzas públicas que provocaría, ya no solo la crisis del resto de los sistemas de pensiones en el país, sino del Estado mismo. Todo lo anterior ha sido reiteradamente establecido, pero me sirve de preámbulo al punto al que pretendo llegar.
México enfrenta un reto singular en materia pensionaria. El diseño de origen de sus sistemas de pensiones fue fragmentado, vinculado a la lógica corporativista del régimen posrevolucionario, y ello ha significado, desde siempre pero aún más patente hoy, un reto que va configurándose como imposible de resolver. Como lo expone Pedro Vázquez Colmenares en su libro Pensiones en México. La próxima crisis (Siglo XXI Editores, 2012): «Por más de medio siglo, nuestro país generó numerosos beneficios pensionarios creados para bien de determinados sectores laborales. Lamentablemente, casi en ningún caso, estas obligaciones fundamentalmente pensionarias quedaron debidamente fondeadas para el largo plazo». El mismo autor cifra más de 105 sistemas de pensiones en México. El reto, pues, sobrepasa la voluntad política y se encalla en la capacidad financiera.
Sin embargo, el problema se explica por la naturaleza de nuestro sistema político desde la consolidación del Estado mexicano posterior al reconocimiento de los derechos sociales en la Constitución de 1917. Tales derechos fueron empero apenas pretensiones y recursos del régimen hegemónico para consolidar su control sobre sectores específicos de la población. Así se explica la fragmentación previamente comentada: a cada sindicato u organización gremial correspondió, en su momento, un esquema pensionario diferenciado.
La estrategia político-social funcionó más o menos bien hasta que se agotó junto con el modelo económico que explica lo que se llamó el milagro mexicano, a mediados de los sesenta y principios de los setenta. El régimen en turno intentó, vía la sustitución de importaciones, la explotación petrolera y una política populista de funestas consecuencias, sostener la condición económica que permitiera la supervivencia del régimen político; pero, como se demostró, solo se profundizó la crisis que comenzó en la economía y devino en la política: una historia que parece repetirse de manera constante en la biografía de las democracias.
El hoy desprestigiado (con razón) paradigma neoliberal fue adoptado, no con gusto, cuando menos en sus inicios, por el Estado mexicano. Más bien, fue la única opción disponible ante la escasez. La crisis política que resultó de su aplicación durante el sexenio de Miguel de la Madrid no deja espacio para la duda. El amargo sabor de la medicina se toleró porque se entendió como la intervención necesaria para salvar al sistema. A estas alturas sabemos que el modelo fue tan disfuncional como el anterior, provocando condiciones de desigualdad intolerables y una convivencia aberrante con la corrupción.
Nos encontramos, pues, ante un ciclo que debemos terminar. Hoy, una expresión de un gremio de la mayor importancia pretende lograr para su sector condiciones que no solo son insostenibles, sino que volverían inviable al resto de los sistemas de seguridad social para el resto de la población. Ello no menoscaba el que, en el fondo, les asista la razón: la seguridad social en México, como en el resto del mundo, enfrenta tal nivel de desafíos que las respuestas a estos han sido incompletas y han generado brechas de injusticia y empobrecimiento. No obstante, la respuesta no está en continuar con la lógica de la fragmentación y la capitalización política parcial, sino en pensar en grande y darle forma a un Sistema Nacional de Pensiones, con todo lo que ello, desde luego, implica.
No es una respuesta sencilla ni políticamente prometedora. Pero hay una contradicción que no podemos eludir indefinidamente: si la máxima es que «por el bien de todos, primero los pobres», entonces la omisión en materia pensionaria no es una postergación menor, sino la causa de un futuro en el que los pobres seamos casi todos Y entonces no habrá forma de poner primero a casi todo el universo poblacional. El beneficio político de no actuar es infinitamente menor al costo que provocará una quiebra generacional de la economía, las finanzas y el bienestar social en general. La coalición hoy gobernante goza de una legitimidad social sin precedente en la historia política de México; pocos recursos son tan escasos y tan poderosos como ese. Por el bien de todos, hagamos una reforma integral a las pensiones.
@CarlosETorres_
