La inflación mundial llevará a los bancos centrales y gobiernos a cambiar sus políticas económicas para hacerle frente. Tiende a predominar el alza de la tasa de interés y los recortes presupuestales para regresar a políticas de austeridad en los países desarrollados. Los países subdesarrollados pasan a actuar igual, como si las presiones inflacionarias fueran de exceso de demanda derivada de los déficit fiscales, pero ello no está presente en la mayoría de los países en desarrollo.
La inflación en los países desarrollados es más de presiones de demanda (incremento del gasto público y del consumo) que de oferta (escasez de productos), y las presiones de oferta irán reduciéndose mientras aumenten su productividad y producción. Es por ello que mantienen bajas tasas de interés y no se apresuran a realizar fuertes recortes presupuestales para no ocasionar fuerte disminución al crecimiento económico que vienen alcanzando desde el 2021. Situación diferente acontece en los países en desarrollo, donde al no instrumentar políticas a favor del sector productivo y del empleo en el 2020 (dado el predominio de políticas de austeridad fiscal o bajo déficit fiscal) se contrajo la producción, que se ha traducido en escasez de productos y en incremento de importaciones. Ello se ha traducido en presiones sobre precios, tanto interna como importada, al incorporarse la demanda al mercado, al abrirse los negocios. Se evidencia que son problemas estructurales los que enfrentan nuestras economías, los cuales requieren políticas diferentes para superarlos. No es la demanda la que presiona sobre precios, pues no se ha incrementado el gasto público, ni el consumo de las familias, sino son problemas de escasez de producción lo que frena incrementa precios.
De proceder todos los países a aumentar las altas tasas de interés y a priorizar la austeridad fiscal, se contraerá más la esfera productiva y se incrementarán las presiones de oferta sobre precios, lo que impactará sobre los mercados de capitales y de divisas, por lo que en el 2022 será de menor crecimiento para la economía mundial y más vulnerable respecto a la de 2021, y más se manifestará ello en las economías en desarrollo.
Los países desarrollados en términos relativos lograrán mejor crecimiento económico y menores tasas de inflación que los países en desarrollo, en los cuales predominará el estancamiento con inflación.
Los países en desarrollo están más preocupados en mantener estable el tipo de cambio, y de ahí que aumentarán la tasa de interés y acentuarán los recortes presupuestales, a fin de ser bien vistos por los mercados financieros para que no especulen contra sus monedas. Sin embargo, no será contrayendo la actividad económica e incrementando el desempleo para reducir demanda, como se frenará la inflación, debido a que se acentuará la contracción de la producción y aumentará la escasez de productos. Seguiremos con alza de precios e importando la inflación, y con salida de capitales. El problema se acentúa porque nuestras economías no cuentan con divisas suficientes para hacer frente a tal situación, lo cual ocasionará mayores presiones sobre el tipo de cambio, alza de precios y hambruna en muchos lugares.
Hay que considerar que el sector público, como las empresas y las familias están altamente endeudados, por lo que el alza de la tasa de interés, incrementará el costo de su deuda y la transferencia de recursos a la banca, reduciendo ello el consumo e inversión de empresas y familias, lo que contraerá más la economía, aumentará los problemas de cartera vencida y acentuará la desigualdad del ingreso. De tal forma, tales políticas no lograrán estabilizar las economías y los mercados.
Los inversionistas no están a favor de la baja inflación, sino por políticas que ofrezcan opciones de inversión atractivas que impulsen el crecimiento económico, y encaren las presiones de oferta sobre precios y sobre el sector externo, situación que no acontece en las economías en desarrollo.
Los mercados de capitales y de divisas se estabilizan en contextos de crecimiento productivo, para lo cual la política económica debe actuar a favor del sector productivo y no del sector financiero, como ha venido aconteciendo en las últimas décadas. El problema es que el sector financiero es el hegemónico y no permite cambio alguno de la política económica, a pesar de las crisis económicas frecuentes por las que hemos atravesado.
Mientras no cambie la correlación de fuerzas a favor del sector productivo y del empleo, no hay viabilidad de que la política económica deje de responder al sector financiero y pase a responder a favor del crecimiento productivo, del empleo y la distribución del ingreso.
Al no instrumentarse políticas a favor de lo productivo y del empleo, seguirá el contexto recesivo e inflacionario, de alto desempleo, con conflictos político-sociales que aumentan la incertidumbre y retrasan la toma de decisiones de inversión.
