En verano de 2012 el reconocido académico Mauricio Merino escribió un texto titulado La segunda transición democrática de México: Esfuerzos, tropiezos y desafíos de México en busca de un sistema completo, articulado y coherente de rendición de cuentas, sobre el que hemos vuelto una y otra vez en estas páginas. El concepto es de lo más interesante, pues da continuidad a un proceso que por sí mismo no se consolidó: el de nuestra transición de un régimen hegemónico a uno plural de competencia electoral e instituciones inscritas en el diseño de la democracia constitucional. Parte de la problemática a la que se enfrentaron dichas instituciones, sus procesos y la propia sociedad con decepción, fue la corta duración de la legitimidad que trajeron consigo los sucesos de alternancia en el poder, tanto a nivel federal, como en lo local; la pluralidad en los poderes legislativos, tampoco dotó por mucho tiempo de confianza y credibilidad al Estado mexicano. Por el contrario, pronto comenzó a difundirse la idea de que, junto a la pluralidad, más que acotarse la corrupción y sus procesos perversos, ésta se “democratizó”, pues sus privilegios dejaron de ser de acceso exclusivo para la élite de la hegemonía pluralizándose y hasta federalizándose.
Todo ello ha merecido innumerables páginas en torno a sí nuestro proceso de transición a la democracia falló, se vio interrumpido, quedó corto o cumplió con sus objetivos inmediatos, que era la de tener elecciones confiables, a partir de instituciones imparciales, profesionales y socialmente fiables.
Partamos de que ninguna democracia ni derechos se conquistan de una vez y para siempre; de que la democracia electoral, si bien es un ingrediente indispensable para la legitimidad a largo plazo, requiere también de procesos complementarios de toda democracia sustancial: es decir, de rendición de cuentas no solo vertical, también horizontal.
El contexto político y social que ha traído consigo el sexenio que ha comenzado ya su último año, nos ha dado muestra de las carencias de nuestro sistema, particularmente en lo que hace a legitimidad y rendición de cuentas. Es aquí, donde, adelantándose a su tiempo (como suele hacerlo), Merino ya hacía un bosquejo del avance, pero también de los retos que se tenían enfrente. Varias de las propuestas que entonces anotó ya han tenido eco en las reformas que dieron origen al Sistema Nacional de Transparencia y al propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y al Sistema Nacional Anticorrupción, con sus componentes institucionales que tuvieron lugar en la autonomía constitucional de varias de sus entes, así como la reconfiguración administrativa de otros (marcadamente la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos estatales). Sin embargo, una vez en la víspera del proceso electoral que habrá de desarrollarse en próximos meses, el contexto es idóneo para volver al punto de Maestro Merino y relanzar el debate, actualizando las propuestas y el análisis. Caben cuestiones por abordar ¿es necesario integrar al Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera al Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Una reforma profunda a los partidos políticos y su vida interna, es materia, meramente electoral y de representación, o también se vincula al tema de rendición de cuentas? ¿se requiere rediseñar y relanzar al propio sistema y la legislación que norma las responsabilidades administrativas en general y desde lo local? Estos son meros apuntes que no debieran quedar fuera del debate que está por venir, y que aquí, abusando de la generosidad del medio y de usted amable y paciente lector, mantendremos poniendo en la brújula de la agenda pública desde estos renglones.
@CarlosETorres_
