La justicia pronta y expedita, a decir del legislador morenista Ernesto González Romo, dejó de ser un anhelo o un derecho para convertirse “en una burla” de los miles de ciudadanos que duran años exigiendo justicia y sólo reciben procedimientos interminables. Así lo consideró el diputado, luego de que el magistrado Eliseo Juan Hernández asistiera al Congreso del Estado en su papel de secretario técnico para la implementación a nivel nacional de un nuevo Sistema de Justicia Oral en materia civil y familiar.
González Romo señaló que el nuevo sistema oral requiere de más gasto para instalaciones, personal y tecnología, pero sería “profundamente injusto” que se pretenda que Zacatecas pague por ello. En ese sentido, señaló que es inviable que se les aumenten los impuestos a los ciudadanos para pagar un nuevo sistema de justicia.
Advirtió que se debe evitar que
esos gastos se conviertan en una
“autopista para la corrupción”,
ya que las nuevas salas de justicia oral
podría estar manchadas por el diezmo
Asimismo, el morenista advirtió que se debe evitar que esos gastos se conviertan en una “autopista para la corrupción”, ya que la construcción de las nuevas salas de justicia oral podría estar manchadas por el diezmo, lo que aumentaría los costos, disminuiría la calidad de las obras y obligaría a que en el futuro se tenga que destinar más dinero para reparaciones. Además, dijo que la compra de software suele ser un negocio redondo para los corruptos, ya que nadie puede comprobar el precio real de esos sistemas.
Por su parte, los distintos integrantes de los grupos parlamentarios de la 64 Legislatura que se reunieron con el magistrado, manifestaron su disposición para trabajar en las modificaciones legales para armonizar las leyes locales con la legislación federal y que la aplicación del nuevo sistema oral no tenga obstáculos jurídicos, mientras que el magistrado dijo desconocer si al momento de aprobar la reforma nacional se realizó un dictamen de viabilidad financiera de las entidades y reconociendo las preocupaciones González Romo, recomendó que los poderes judiciales del país realicen sus sistemas informáticos con su propio personal para evitar contratar a empresas y lograr así mayores ahorros.
