Organizaciones feministas, sociales y defensoras de derechos humanos reiteraron este domingo su apoyo a la candidatura de la activista María Elena Ortega Cortés como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), por considerarla un perfil idóneo con trayectoria en causas feministas, de la diversidad sexual, magisteriales, campesinas, migrantes y de los pueblos originarios.
Desde la Plaza Miguel Auza, integrantes de la Red Plural de Mujeres como Mara Muñoz Galván, Verónica Aguilar Vázquez, Lidia Vázquez Luján María Luisa Sosa de la Torre, explicaron que el apoyo público a la elección de Ortega Cortés se deriva no solo de su trayectoria de más de 30 años en diversos movimientos sociales, sino de su perfil independiente y su conocimiento de los marcos jurídicos nacionales e internacionales, en un contexto que caracterizaron como una crisis humanitaria y de derechos humanos.
El Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), el colectivo 50+1 Capítulo Zacatecas, la Federación Iberoamericana de Abogados AC, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y el Frente de Estudiantes Zacatecanos Unidos (FEZU) también respaldaron el pronunciamiento, haciendo un llamado a la 65 Legislatura para que se conduzca con transparencia, congruencia, objetividad y responsabilidad democrática en el proceso de integración del Consejo Consultivo.
Indicaron que las instituciones de derechos humanos deben fortalecerse y no debilitarse, por lo que consideraron obligatorio que quienes integren el Consejo Consultivo cuenten con experiencia en la defensa de los derechos humanos construida en el trabajo cotidiano y de campo, condición necesaria para garantizar la autonomía, imparcialidad y eficacia del organismo.
Sobre el proceso de designación, la propia María Elena Ortega Cortés señaló que las fechas han sido aplazadas debido a las tareas de diputadas y diputados relacionadas con la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026.
Destacó que su eventual participación en el Consejo Consultivo estaría orientada al trabajo colectivo, a la prevención, investigación, sanción y garantía de los derechos humanos, así como al fortalecimiento de la articulación entre sociedad civil e instituciones.
