La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos implica una vuelta de tuerca en los efectos negativos para México derivados de la actividad del narcotráfico mexicano. Este argumento nace de la propia postura de Trump con respecto del fenómeno del trasiego de drogas a gran escala que implica a México, Estados Unidos y otras naciones, así como de sus propuestas para abordar temas asociados a dicho fenómeno.
Lo primero que hay que destacar sobre dicha postura es la ausencia de una propuesta seria y abarcadora que demuestre que Trump (o al menos su equipo asesores) conoce la realidad en torno al tema del narcotráfico. Es decir, hay una grave omisión ya sea por ignorancia o mala voluntad, entendida esta última como el cálculo político de no exponer durante el periodo de campaña la estrategia para intervenir en el tema del tráfico y consumo de drogas por lo extrema o nociva que pueda resultar para México y otros países del sur del continente.
En razón de la relevancia del tema para ambas naciones, el republicano debió ser claro en su plan para contribuir a enfrentar el fenómeno, pero en cambio se sintió cómodo haciendo referencias a lo “grave” que es, y se ha concentrado en hacer aspavientos acompañados de la promesa de que su administración acabará el tráfico de drogas.
Su postura simplemente no alcanza para tener claridad sobre si está
consciente o no de la complejidad en torno a la cadena de valor de la droga que se despliega desde el sur del continente en sus eslabones de producción; las implicaciones del trasiego de estupefacientes y las áreas de cultivo (tradicionales o emergentes, de enervantes naturales o drogas sintéticas) en países centroamericanos o México; la compleja división del trabajo que se ha gestado al interior del narco; la ramificación de la actividad delictiva del narcotráfico que contribuye a la maximización de ganancias y repercute de manera muy específica en el tejido social; los mercados emergentes pero paralelos al de las drogas, y los cuales implican también a Estados Unidos no sólo por su vecindad con México, sino por motivos legislativos asociados al prohibicionismo, el elevado costo de drogas legales o la baja satisfacción en la demanda de órganos humanos; el pivote de consumo que representa Estados Unidos en la cadena de valor de la droga, y las implicaciones en materia de salud al cortar el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos, tomando en cuenta el elevado consumo que se asocia con los propios valores de uso, por mencionar sólo una pequeña parte de la problemática.
Si las propuestas de Hillary Clinton en el tema eran acotadas y se orientan al fortalecimiento institucional en México pero en alineamiento a los intereses hegemónicos estadounidenses, al menos reflejaban una comprensión de la problemática en algunos de sus ángulos. Con Trump estamos en la incertidumbre sobre su entendimiento real del tema del narco. No obstante, sí es posible avizorar ciertas cosas a partir de su discurso.
Lo primero que hay que destacar al respecto es la criminalización de facto que Trump hace del sur del continente al poner en un mismo plano a narcotraficantes y migrantes, lo que en primera instancia busca “atenderse” con la fortificación del muro fronterizo, pero en un nivel mayor incrementa la posibilidad de que Trump opte por dar continuidad a la política punitiva gestada en la etapa de la Prohibición, y la cual posteriormente se vio reforzada durante las administraciones de los ex presidentes Richard Nixon y Ronald Reagan, principalmente. Este discurso entronca también con la propuesta fomentada en Estados Unidos de que el “enemigo externo” está muy vigente, y en esa categoría deben entrar migrantes, terroristas o narcotraficantes por igual, ello sin atender a las causas sociales de fondo y las circunstancias reales de cada uno de estos agentes.
De igual manera, el discurso xenófobo de Trump ha motivado desde su campaña a los grupos racistas estadounidenses, y sin lugar a dudas el republicano será un catalizador que conjuntará y estimulará desde grupos radicales como el Minutemen o el Ku Klux Klan, hasta prácticas como la del bullying. En contraste con esto, se limita la posibilidad de que el fenómeno del tráfico de drogas que implica a varias naciones sea comprendido y atendido en sus causas profundas.
El refuerzo de la frontera mediante el amurallamiento no ha servido ni servirá para detener el flujo de sustancias ilícitas, ello tanto por la multiplicidad de opciones que tienen los traficantes de droga para sortear una simple muralla, como porque Trump no ha tomado conciencia de que en su país hay más de 20 millones de personas que han usado alguna droga ilícita, o han incurrido en el abuso de medicamentos psicoterapéuticos, como se ha advertido desde 2011 en la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud (NSDUH, por sus siglas en inglés). Es decir, el republicano piensa que acabar con el tráfico de droga ilícita representa la pérdida de ganancia para quienes se benefician de ese giro delictivo, pero no comprende que también implica alterar la adicción de millones de sus connacionales, y con ello muy probablemente generar un problema de salud pública derivado de un síndrome de abstinencia colectivo que Trump no podrá compensar ni regalándole a los adictos fichas en sus lujosos
casinos. ■
