Si el gobierno toma en cuenta a las personas afectadas con los actos de gobierno (que pueden ir desde obras de infraestructura urbana hasta elaboración de presupuestos), les da con ello trato de ciudadanos. Es decir, con la consulta y el acuerdo, el gobierno ciudadaniza su relación con la población. En otras ocasiones hemos comentado obras estratégicas que cambian el paisaje urbano de algunas de las ciudades del estado, y constatamos que los gobiernos municipales ignoran absolutamente a la población afectada, el caso paradigmático fue el Jardín Juárez y la avenida Colegio Militar del municipio de Guadalupe. En ese caso, el municipio no sólo no invitó a opinar a la población, sino que ni siquiera avisó de la programación y de la realización de la obra. Las calles de pronto se vieron invadidas por maquinaria que excavaba, y nadie sabía qué iba a ocurrir y cuándo terminaría la obra. No se sabía nada. Gobiernos que actúan sin el mínimo respeto a la población. Sin embargo, el reconocimiento como ciudadanos a las personas debe ser no sólo en las obras, sino en la hechura de las leyes: acabamos de ver la aprobación de reformas a la Constitución que ameritaban una consulta al pueblo de México, sobre todo la Energética porque afectaba los principios mismos del modelo constitucional, pero no se realizó consulta alguna. Empero hubo encuestas que exhibían la oposición de la mayoría ciudadana a dichas reformas, y ponían de manifiesto cómo la voluntad fue ignorada y suplantada por las élites políticas.
De la misma manera que se pregunta y toma en cuenta la opinión de los vecinos de la Alameda de la ciudad capital para decidir la estructura de la obra, los tiempos y algunas formas de operación, debería de darse el paso para preguntarle a la población sobre el presupuesto y las prioridades del gasto público. Igualmente en el caso de los sectores: debería consultarse a los maestros sobre las políticas educativas, a los productores agrícolas sobre las estrategias hacia el campo. En general la práctica de la planeación debería ser un ejercicio que mostrara que tenemos un gobierno democrático. Pero como dicha participación de la gente está ausente la conclusión es muy clara: no tenemos gobiernos democráticos y tampoco una sociedad activa. Por ello, resalta y llama la atención para bien el caso del procedimiento utilizado en la obra de la Alameda García Salinas, donde gracias al activismo de un sector de la sociedad se obligó, de forma inédita, al gobierno a replantear el proyecto incluyendo las observaciones ciudadanas. De igual manera que provoca nuestra admiración cuando recibimos un trato amable y eficiente en los hospitales de salud pública: la propia sorpresa revela que se trata de excepciones, cuando por el contrario, debería ser el trato ordinario. Asumirnos como ciudadanos implica exigir que la relación mando-obediencia entre gobernantes y gobernados que ahora es hegemónica, cambie y se haga más horizontal, con lo cual, se dé paso a la práctica ordinaria de la consulta ciudadana. Mientras eso no ocurra, nuestra calidad de ciudadanos sigue estando pendiente.
