La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Julieta del Río, destacó que ha resuelto 18 mil 768 recursos interpuestos por ciudadanos ante el Instituto.
“Del 1 de mayo de 2014 al 5 de marzo del 2025 el INAI cuenta con 172 mil 473 recursos resueltos por todas las ponencias. Los recursos a mi cargo no es una cifra menor, pues en mis cuatro años logré superar a excomisionados que duraron siete años en el encargo”, detalló.
Aunque no se trataba de una competencia, preciso que, el que su equipo de abogados trabajara tan eficazmente, permitía a la sociedad acceder a información de forma más expedita que podían utilizar para ejercer otros derechos, como la salud, a la educación, a apoyos sociales, jubilación y más.
“Ese es uno de los principios fundamentales que nos permite el ser comisionados: que los derechos humanos se hagan efectivos para todas las personas”, recalcó.
“Al 5 de marzo de este 2025, hemos resuelto 679, esto por la situación atípica que vive el Instituto de cara a su extinción, sin embargo, hasta el último día estaremos resolviendo los recursos que presenten las personas” afirmó la comisionada zacatecana.
Del Río resaltó que estos números representan personas que pudieron obtener información para realizar trámites que inciden directamente en su calidad de vida.
“Existe desinformación en torno al noble derecho a la información pública, no se trata de una herramienta de ataque político, es un puente que permite a las personas obtener pensiones, becas o beneficios” mencionó.
Prueba de ello es que las instituciones más recurridas son el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Salud; todos ellos relacionados con derechos básicos que tiene la población.
Aunado a esto, Del Río dijo que su ponencia es la que resuelve en menos tiempos los recursos, pues aun cuando la ley establece 20 días hábiles, el proceso se realiza en un promedio de 7.3 días hábiles, lo que, dijo, representa la cifra más baja.
Ante esto reconoció el trabajo de los proyectistas, que pese a las circunstancias que vive el instituto mantienen su compromiso con los derechos de las personas.
“Pese a la incertidumbre que viven no han detenido su labor y seguimos resolviendo con imparcialidad, en tiempo y forma” comentó.
