En la madrugada del 12 de septiembre de 2024, el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas aprobó la reforma al Poder Judicial con 17 votos a favor y 12 en contra. Esta reforma ya ha sido aprobada en 20 estados, superando el mínimo de 17 requeridos para su ratificación. Por lo que, según anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, es probable que se publique en el Diario Oficial de la Federación este 15 de septiembre.
La sesión ordinaria de la LXV Legislatura del estado zacatecano, estuvo marcada por la presencia de estudiantes de derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) y ciudadanos que buscaban ser escuchados.
Estos grupos expresaron su desacuerdo con la reforma, que, según ellos, podría tener repercusiones negativas en la justicia y la democracia del país. Carteles con consignas como “yo quiero jueces con carrera judicial” y el canto del himno nacional, estuvieron firmes en la sesión.
Dicho encuentro también estuvo debatido entre los propios legisladores, ya que muchos de ellos, sobre todo de la oposición, argumentaban que el proceso del orden del día no se estaba llevando de la mejor manera. Carlos Peña Badillo, diputado local del PRI, fue uno de los más críticos hacia la reforma, calificando el proceso legislativo como uno “viciado” a través de sus redes sociales.
El Proyecto de Decreto, incluye cambios fundamentales en el sistema judicial mexicano. Entre las reformas más destacadas se encuentra la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto universal, libre, directo y secreto de los ciudadanos. Además, se propone la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, sustituyéndolo por un órgano administrativo especializado que tendrá independencia y autonomía técnica.
Otro cambio significativo es la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial compuesto por cinco magistraturas elegidas también por voto popular. Este tribunal tendrá la responsabilidad de recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial. Por lo cual, se establece un límite en las remuneraciones de las autoridades judiciales, que no podrán superar la del titular de la Presidencia de la República.
Por otra parte, dispone que cuando se trate de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la Ley.
Durante el debate, la diputada del PT, Renata Libertad Ávila Valadez, defendió la reforma, argumentando que busca fortalecer la democracia participativa y hacer efectivos los derechos del pueblo. Destacó que el pueblo tiene el derecho de modificar la forma de su gobierno y que la reforma permitirá una mayor legitimidad en el Poder Judicial. En su intervención, también elogió al presidente Andrés Manuel López Obrador por impulsar esta iniciativa, mismo que fue abucheado por los presentes manifestantes en el pleno.
Ana María Romo Fonseca, diputada de Movimiento Ciudadano, expresó su profunda preocupación por las implicaciones de la reforma. Argumentó que la reforma representa una amenaza para la democracia y la independencia judicial. Además, criticó la reducción en el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el nuevo sistema de elección popular, sugiriendo que esto podría socavar la imparcialidad y la eficiencia del Poder Judicial.
Eleuterio Ramos Leal, diputado del PT en contra de la reforma, se centró en el riesgo de seguridad jurídica que podría derivarse de la reforma. Argumentó que permitir que jueces y magistrados sean electos por voto popular podría comprometer la calidad y la imparcialidad de la justicia, además de exponer a los jueces a presiones políticas.
En contraste, Alfredo Femat Bañuelos, legislador petista y a favor de la reforma, defendió la propuesta como un paso necesario para profundizar la democracia y garantizar una justicia más expedita. Destacó que la reforma busca resolver problemas históricos del sistema judicial mexicano y responder a las demandas de la ciudadanía.
Finalmente, la presidenta de la mesa directiva, Susana Andrea Barragán Espinosa, instruyó informar al Congreso de la Unión sobre la aprobación de la reforma para los procedimientos legales correspondientes.
