Como lo comentamos la semana pasada en estas mismas páginas, recientemente la ex titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval publicó su texto titulado “Corrupción estructural: la teoría del doble fraude y las raíces de la impunidad en México”, en el que explica y desarrolla su “Enfoque de corrupción estructural”, que define en la siguiente fórmula: la corrupción es igual al abuso de poder, más impunidad menos participación ciudadana, es decir: (C)= (AP) + (I)- (PC). Abuso de poder, entendido no solo como el que se puede ejercer desde el Estado y sus instituciones a través de sus funcionarios y operadores en general, sino también otros actores del ámbito privado, particularmente los actores preponderantes del mercado; impunidad como la nula consecuencia a dichos actos, y finalmente, la ausencia de la indignación social que permita la movilización y en su caso, acción política, para que las tres anteriores (corrupción y sus componentes, abuso de poder e impunidad), no se instalen en nuestra vida pública como una dinámica sin efectos ni impactos para sus beneficiarios.
En este punto es posible coincidir con la también académica, en distintos aspectos. El primero es que es cierto que el abuso del poder no es una acción exclusiva del poder público, sino también del que se acumula en el mercado (hay incluso un debate jurisprudencial respecto a la violación de derechos humanos entre particulares). El segundo es que, la falta de consecuencias que impliquen la responsabilidad para quiénes comenten este abuso, no solo lo perpetúa, sino que lo incentiva y lo complementa: un abuso de poder que tiene consecuencias, haciendo responsables a quiénes lo cometieron, se subsana (cuando menos en parte) y diluye sus efectos. Finalmente, y aquí es donde quisiera profundizar, sin participación ciudadana, tanto el abuso del poder como la impunidad logran cerrar su ciclo perverso, pues, anulan la movilización de los afectados en último término, que son los integrantes de la sociedad en la que se cometen dichos actos y/u omisiones.
Sin embargo, la participación ciudadana es y se mantiene quizá como el más apremiante pendiente en nuestra siempre deseada democracia participativa. Lo es así por el desánimo, pero también por factores que no dependen de las personas, como lo que se conoce como pobreza de tiempo, que es la falta de márgenes en el día para dedicarle, más allá del duro esfuerzo por sobrevivir para millones de mexicanas y mexicanos, tiempo a la cuestión pública. Una estrategia es la politización de los temas, es decir, causar, vía exposición de ciertos temas, el suficiente interés para que la ciudadanía preste atención a dichos asuntos.
Es posible que se justifique, que, cuando la ley no alcanza para responsabilizar jurídicamente a quiénes cometieron abusos del poder, no alcancen la impunidad, vía ya no legal, pero sí en la institución que es la ciudadanización de dichos actos que vulneraron el Estado de Derecho y lastimaron la dignidad de las personas. En este sentido lo que cabe esperar es que las instituciones realicen su trabajo con responsabilidad, apego al principio de legalidad e integridad, en la lógica de que la indignación de la ciudadanía contribuya a consolidar un régimen institucional lo suficientemente sólido para que todo acto de corrupción tenga consecuencias, tanto para los ejecutores, como para los omisos que lo dejen impune.
@CarlosETorres_
