Dando continuidad a los trabajos de la Comisión Legislativa Especial para la atención y seguimiento a la crisis financiera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), la mañana de este martes acudieron, ante las y los integrantes de dicha Comisión, el auditor superior del Estado, Raúl Brito Berumen, y en representación de la titular de la Secretaría de la Función Pública, el subsecretario de Responsabilidades, José Luis Carrillo Delgado, quienes ofrecieron un informe relativo a la situación que presenta el instituto.
En un primer momento, Raúl Brito Berumen recordó que la revisión de la ASE al instituto de pensiones abarca de diciembre de 2010 a diciembre de 2020, a fin de determinar si en este periodo se cometieron violaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas, no obstante, dado la ampliación de la temporalidad, y en concordancia con la Legislatura, se celebró un contrato para coadyuvar en esta tarea, por parte de un despacho externo, y elaborar un estudio técnico en el que se reflejara la problemática de los estados financieros del instituto que corresponden a fideicomisos de pensiones y actividades comerciales realizadas.
Asimismo, el auditor recordó que, en 2020, se le comunicó al entonces gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, y al director del instituto, Marco Vinicio Flores Guerrero, el inicio del proceso de investigación y de auditoría, en la cual se observaron actos de funcionarios en el ejercicio del gasto público que no se encuentran ajustados a las normas que rigen actualmente la ley de dicho instituto.
Entre las observaciones, Brito Berumen destacó el incumplimiento de la Ley del Issstezac al no destinar 30 por ciento de las aportaciones al fideicomiso del fondo para las pensiones; asignaciones de recursos a sindicatos sin ningún sustento; pago de prestaciones a trabajadores del instituto no previstas en los tabuladores estatales; asignación por cargos y primas de asignación por cargo; personal con categorías y puestos de mandos medios a superior que no están considerados en los estatutos; salarios asignados a trabajadores que no corresponden al puesto que desempeñan; pago de prestaciones a jubilados no contemplados en la legislación vigente; incumplimiento normativo en contratos celebrados por falta de documentación para los procesos de adjudicación, entre otras, que dijo, se encuentran ya en el Tribunal de Justicia Administrativa por ser faltas graves, y de las cuales se están desarrollando ya las audiencias.
Por su parte, José Luis Carrillo Delgado, en representación de la SFP, señaló que se debe tener cuidado con la información vertida, toda vez que se espera que los casos terminen en sanciones, no sólo en los términos de inhabilitación o de denuncia penal, sino también en la reintegración de recursos públicos. No obstante, dijo que no se podrá exponer el daño patrimonial hasta el final de las indagatorias, aunque expuso que actualmente existen 34 expedientes de investigación, los cuales se encuentran en proceso.
Como resultado de las acciones realizadas, por parte de la SFP, expuso que se han detectado las irregularidades en el área comercial 2015 a 2019; omisiones en la presentación de declaraciones patrimoniales en la modalidad de conclusión; irregularidades determinadas durante la entrega-recepción de la Junta Directiva del Issstezac y presuntas faltas administrativas por haber tomado video de vigilancia del instituto sin autorización.
Además, se ha denunciado sustracción de ingresos en las áreas de fomento deportivo de plaza Issstezac, retraso en pago de pensiones, sustracción de mercancías, retraso en la entrega de cortes de áreas comerciales e irregularidades en la parte de reserva técnica; asimismo, particulares han denunciado la falta de pago de pensiones, el retraso de éstas y bono anual a jubilados, resguardo de vehículos particulares en el estacionamiento del Hotel Parador, ingresos no reportados en centros recreativos y acoso sexual.
La presidenta de la Comisión, la diputada María del Refugio Ávalos Márquez, señaló que el objetivo de esta segunda reunión de trabajo fue dar cumplimiento a los acuerdos establecidos por el pleno legislativo, por lo que se recibió el informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por ser necesarios para que se pueda estar en condiciones de dar una propuesta viable y responsable que abone a mejorar la crisis que atraviesa el instituto.
En este sentido, Ávalos Márquez dijo que se hará llegar toda la información necesaria para poder formular la propuesta legislativa y los informes que, este martes, se dieron a conocer y que se suman al presentado por el director del Issstezac, y a los que en su momento se integrarán de otros entes, pues, aseguró, que “el compromiso es atender, escuchar y dialogar con todas las voces porque sólo así se tendrá la información suficiente e idónea para abordar y resolver la crisis por la que atraviesa el Issstezac”.
El diputado Xerardo Ramírez Muñoz requirió una recomendación dirigida a la Legislatura, en caso de que se logre un consenso para una posible reforma a la Ley del Issstezac, con la información precisa sobre lo que requiere el instituto con base en los informes; quiso saber cuántos funcionarios han sido observados por alguna falta administrativa y de qué niveles y cuáles son las faltas más comunes detectadas. Pidió exponer qué asuntos prescribieron, y cuáles son las presuntas faltas administrativas que ya no se podrán sancionar. Finalmente, solicitó una opinión respecto a la reserva técnica que tiene el instituto y del área empresarial, y sobre el programa de movilidad.
Por su parte, el diputado Ernesto González Romo señaló que la idea de estos ejercicios era que estuvieran los involucrados en el combate a la corrupción en lo referente al Issstezac, por la afectación que las decisiones de la Legislatura tendrán sobre los derechohabientes. Preguntó cuántas mediciones han realizado a lo largo de la historia, por parte de la ASE y la SFP al instituto; solicitó se explique por qué no hay nadie en la cárcel, producto de las investigaciones que se han practicado; pidió saber si tanto la ASE, como la SFP, han cumplido su función. Particularmente al auditor superior, le solicitó aclarar por qué cambió su postura respecto a si se debe o no pagar el aguinaldo.
Por su parte, la diputada Priscila Benítez Sánchez solicitó información respecto a lo que ha pasado con la fiscalización de las cuentas públicas del Issstezac; cuál es la razón de que hasta la fecha no se ha podido dar confiabilidad al cumplimiento de las reglas aplicables al instituto; por qué no se han practicado las auditorias establecidas; qué acciones legales han iniciado con integrantes de la Comisión de Vigilancia del instituto para sancionar irregularidades y qué estatus guardan; finalmente, la legisladora solicitó a ambos funcionarios su opinión sobre si aprueban que se declare en quiebra el Issstezac y si es viable o no.
En su momento, la diputada María del Mar de Ávila Ibargüengoytia preguntó quiénes han sido los principales responsables del quebranto del Issstezac; cuántos recursos, por cualquier concepto, se han entregado a los integrantes de la Junta Directiva; cuántos fincamientos de responsabilidades se han obtenido y con qué resultados; cuáles son las irregularidades que han detectado en el manejo de los fondos del instituto; por qué no se han fincado responsabilidades en contra de ex directores y funcionarios por cobros de cuotas y aportaciones indebidas; qué medidas se están tomando para evitar mayores desfalcos; de las 59 denuncias que comentaron se han presentado, cuántas corresponden al instituto y cuál es la situación en que se encuentran. Finalmente, la legisladora solicitó la opinión de ambos funcionarios, si creen que se hará justicia y pagarán los responsables del desfalco del instituto.
Finalmente, el diputado José Luis Figueroa Rangel pidió saber cómo se puede sancionar la corrupción y no otorgar impunidad; solicitó la lista de deudores y montos; cuestionó por qué no se han judicializado las denuncias en contra de los dos últimos directores, y por qué permitir altos salarios en el Issstezac cuando se encuentra en una franca quiebra; también pidió un informe sobre las carpetas de investigación de este caso.
