■ Perspectiva Crítica
Como parte de la autopromoción que los gobiernos priístas locales de los últimos dos sexenios se han hecho, figura de manera ininterrumpida la alusión a la supuesta mejora en materia laboral. En ese sentido, el gobierno priísta ha puesto empeño en generar condiciones favorables para el arribo a Zacatecas de inversión privada extranjera, la cual se ha asentado principalmente en forma de centros comerciales, compañías mineras y maquiladoras, siendo esta última en la que se centra este texto.
Informes de gobierno, discursos, eventos de campaña y recursos económicos para contratar publicidad han servido de plataforma para que el gobierno promueva la llegada de capitales foráneos como un elemento positivo para el desarrollo local. No obstante, lo cierto es que este tinglado promocional representa una promesa de cristal que ya deja ver sus cuarteaduras, entre ellas la de la inconformidad de los propios trabajadores.
En este sentido cabe referir la reciente protesta de parte de trabajadores de la empresa de capital japonés, Yusa, la cual opera en el municipio de Guadalupe. Los empleados inconformes decidieron romper el silencio e hicieron públicas las deplorables condiciones laborales que se les imponen, las cuales incluyen jornadas de trabajo de hasta 12 horas, la amenaza de ser despedidos en caso de protestar, discrecionalidad en el pago de utilidades, acoso laboral y salarios mediocres: incluso quienes laboran en horario nocturno, llegan a percibir mil pesos semanales, según manifestaron. Debido a su protesta, los trabajadores ya fueron despedidos por la empresa.
Lo primero que hay que decir al respecto es que el mérito de que esta realidad haya salido a la luz no es del gobierno local, el cual por cierto estaría obligado -al menos moralmente- a velar por las condiciones laborales que existen en las empresas que privilegia. Tampoco fue denunciada por las autoridades encargadas de salvaguardar los derechos de los empleados, y ello representa una grave omisión que bien puede traducirse en que cientos o tal vez miles de empleados zacatecanos se encuentren en la misma situación. El mérito es de los empleados, quienes hicieron pública la situación pese a la amenaza de despido en caso de inconformarse.
Referido por La Jornada Zacatecas, está el significativo dato de que el consorcio al cual pertenece Yusa paga en sus plantas de producción localizadas en Estados Unidos 10.25 dólares por hora, mientras en México el sueldo oscila los 6.4 dólares, sólo que no por hora, sino por día, de acuerdo a lo expuesto por el líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (Sitez), Alejandro Rivera Nieto. Este contraste resulta una afrenta a la dignidad laboral de los zacatecanos, y en el mejor de los casos refleja un profundo desconocimiento de nuestros gobernantes en materia laboral, y en el peor su complicidad con la tentativa de los grandes capitales por desplazarse a regiones con baja protección en materia laboral para poder ejercer dinámicas de sobreexplotación.
En este escenario urgen dos cosas. La primera es comprender que el esquema en el que operan la mayor parte de estas empresas las privilegia de forma determinante sobre los trabajadores, y que la expoliación que realizan no sólo es sobre la mano de obra barata, sino sobre los recursos naturales (si consideramos a otras empresas de gran calado como las mineras). En ese sentido el mineral, el agua y los daños al medio ambiente representan una fuga de patrimonio zacatecano que es difícil cuantificar en términos económicos, pero en un nivel mayor debe ser comprendida como un crimen de lesa sociedad que apunta a una complicidad empresas-gobierno. Ello, sin duda, encaja en la lógica de las políticas neoliberales enfocadas en la maximización de la ganancia para los grandes capitales.
La segunda cuestión es que urge la revisión de las condiciones laborales en las que se desempeñan los trabajadores zacatecanos, los cuales bien podrían haber sido dejados a su suerte frente a los intereses de las empresas que los han contratado. Es preciso revisar las formas de obtener plusvalor por parte de dichas compañías, pues además de los sueldos mediocres que no compensan el desgaste físico y mental, está el alargamiento de las jornadas laborales y la intensificación de las faenas, lo cual también redunda en un beneficio económico para la parte patronal.
La situación es delicada tanto porque no hay claridad sobre las condiciones laborales en las que se desempeñan quienes son contratados por estas empresas, como por el hecho de que los gobiernos locales le siguen apostando a la inversión extranjera para que funja como pivote de desarrollo, y dicha apuesta muy probablemente se esté haciendo, o a ciegas, o en colusión con la tentativa empresarial de enriquecerse a costillas de su fuerza laboral. Lo único cierto hasta este momento, es que la política vigente de algunas de estas empresas es la de “o te aguantas o te vas”. ■
