■ Continúa sin investigarse caso entre ex secretaria de Economía y el joyero Daniel Espinosa
■ Habría que esperar alguna denuncia para iniciar con las indagaciones correspondientes: procuradora
La procuradora general de Justicia del Estado de Zacatecas, Leticia Catalina Soto Acosta, señaló que no son elementos “contundentes” los que se hicieron públicos para evidenciar una presunta falsificación de documentos oficiales con la que se buscaba evadir el conflicto de interés entre la ex secretaria de Economía Patricia Salinas Alatorre y el joyero Daniel Espinosa.
Por tanto, no consideró como “indicios suficientes” para poder empezar una investigación de oficio ni la publicación de los documentos en los que se exponen las presuntas modificaciones en un acta del Fideicomiso de Impuesto Sobre Nómina hechas ilegalmente ni las declaraciones de dos empresarios que no accedieron a firmar la segunda versión alterada.
Soto Acosta aseguró que la PGJEZ no ha iniciado una investigación por este caso, en el que están involucrados la ex funcionaria Salinas Alatorre y algunos secretarios activos de la administración estatal, como el de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza, debido a que “tendríamos que esperar la presentación de alguna denuncia”.
Pero tras ser mencionado el caso del ex legislador Juan Mendoza, en contra de quien se abrió una investigación por presunta falsificación de documentos ya que es un delito que se persigue de oficio, de acuerdo a lo que en su momento señaló el ex procurador de Justicia, Arturo Nahle García, Soto Acosta reconoció que “sí (se lleva de oficio); sin embargo, en este caso no se ha difundido ningún documento”.
Cabe recordar que el pasado 21 de abril La Jornada Zacatecas divulgó la existencia de dos actas diferentes de una misma sesión del Fideicomiso de Impuesto Sobre Nómina, que es el órgano del cual se otorgó recurso para el proyecto del joyero Daniel Espinosa, también socio de la ex funcionaria Salinas Alatorre.
En esa información, se publicaron las cuatro páginas de los documentos en las que se advierten las diferencias, como por ejemplo la ausencia de dos firmas que coinciden con las de los empresarios que posteriormente admitieron que la ex secretaria de Economía les pidió suscribir una segunda acta de la sesión mencionada pero con “cambios de fondo”.
Unas modificaciones de contenido que también se aprecian en las copias divulgadas el 21 de abril y en las que, en una de las versiones, aparecen párrafos añadidos que buscaban deslindar a la ex titular de Sezac de la autorización de un millón y medio de pesos para su socio, evitando así un posible conflicto de interés.
Aun así, la procuradora de Justicia indicó que “creo que sería muy poco probable un éxito en una investigación de esta naturaleza cuando no tenemos mayores elementos. (…) Es necesario, para tener un buen ejercicio de la investigación y en su caso de la acción penal, contar con mayores elementos”.
El hecho de que sean servidores públicos los que se han visto involucrados en este presunto delito penal de falsificación influye en el sentido de que “los funcionarios tenemos un nivel de responsabilidad mayor”, comentó Soto Acosta.
No obstante, señaló que “habrá que tener siempre como base indicios suficientes por lo menos para poder iniciar la indagatoria y hasta este momento no se nos han presentado”.
