Durante el desarrollo de la mesa de trabajo “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: intervención de las Procuradurías de Protección en procedimientos específicos el magistrado Carlos Villegas Márquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, expuso que los principales desafíos que enfrenta la implementación del nuevo Código en materia civil y familiar es la falta de recursos económicos.
Subrayó que si bien la declaratoria formal de entrada en vigor del nuevo marco normativo podría realizarse de inmediato, lo verdaderamente importante es contar con la infraestructura, capacitación y equipamiento adecuados para su aplicación efectiva, “el cambio implica una transformación profunda en la forma de operar del sistema judicial, que requiere que jueces y operadores desarrollen nuevas habilidades para argumentar en audiencias, proteger derechos fundamentales y manejar con sensibilidad los casos que involucran a niñas, niños y adolescentes”, puntualizó.
Asimismo, advirtió que esta transición no puede tomarse a la ligera, ya que la materia civil y familiar representa cerca del 70% de la carga judicial a nivel nacional, en ese sentido, hizo un llamado a trabajar de manera coordinada para garantizar una implementación real del nuevo modelo, “la responsabilidad es enorme y requiere compromiso, preparación y recursos suficientes para garantizar un verdadero acceso a la justicia”, concluyó.
Por su parte, el juez cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la capital, Luis Alberto Castro Mercado, señaló que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes enfrentarán un escenario particularmente desafiante con la entrada en vigor del nuevo Código.
Detalló que este marco normativo les otorga nuevas atribuciones específicas, como la intervención en juicios de adopción, designación de tutores y casos de violencia familiar, no obstante, advirtió que, en la práctica, estas responsabilidades se ampliarán significativamente, incluyendo la escucha activa de niñas, niños y adolescentes en todos los juicios, la participación en procesos de restitución nacional e internacional y la rendición de cuentas en múltiples ámbitos.
Finalmente, enfatizó la urgencia de profesionalizar al personal de las Procuradurías ya que el éxito en la implementación del nuevo modelo dependerá de una preparación profunda y de decisiones estratégicas bien fundamentadas desde ahora.
