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jueves, 28 marzo, 2024
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Con la austeridad fiscal, la economía va a una caída libre

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Por: ARTURO HUERTA GONZÁLEZ •

Al recortar el gasto el gobierno, para trabajar con superávit primario (el que excluye el pago del servicio de la deuda), está sacando de la economía más de lo que introduce en ella, por lo que las finanzas del sector privado caen en déficit, pues terminan recibiendo menos de lo que pagan por impuestos. Ello les incrementa su deuda, y los obliga a disminuir su gasto e inversión, por lo que se contraerá más la actividad económica.

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Por más que el gobierno recorta su presupuesto, bajo la justificación que ello genera ahorro para reducir el monto de la deuda, y así bajar la tasa de interés para impulsar la actividad económica, ello no se logra. No se reduce el monto de la deuda, ni baja la tasa de interés, ni se reactiva la actividad económica. Al disminuir el gasto público, se contraen las ventas a ingresos de empresas e individuos y por ende la recaudación tributaria, por lo que prosiguen las presiones sobre las finanzas públicas, como sobre la deuda del sector público y privado.

La decisión de la SHCP de trabajar con superávit primario, para ser bien vistos por las calificadoras internacionales, la ha llevado a recortar el presupuesto en rubros tan importantes como el sector agrícola, en ciencia y tecnología, en estancias infantiles, en salud, a universidades, al poder judicial, al INE, a la CNDH, al INEGI, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros. Los diputados y senadores de izquierda, que siempre se habían opuesto a los recortes presupuestales, ahora se ven en la obligación disciplinaria de aprobar dichas iniciativas, a pesar de que van contra los objetivos nacionales de crecimiento económico, generación de empleo, impartición de justicia y bienestar de la población.

El enfoque convencional en el que se sustentan los economistas de la SHCP, se opone al déficit fiscal debido a que supuestamente aumenta la deuda y la carga a las futuras generaciones, las cuales disminuirán su consumo e inversión para pagar la deuda. Sin embargo, es la austeridad fiscal la que reduce el ingreso y la capacidad del gasto e inversión del sector privado. En cambio, el gasto deficitario a favor de la producción y el empleo, aumenta el ingreso y la capacidad de gasto de las presentes y futuras generaciones, las cuales tendrán capacidad de comprar la deuda que emita el gobierno para encarar el déficit fiscal que impulsó el crecimiento económico.

Al trabajar el gobierno con superávit primario, privilegia los objetivos de reducción de la inflación en el corto plazo, como la disminución de la participación del gobierno en la economía. Deja de tener política fiscal para el crecimiento, necesaria para encarar los problemas productivos, para incrementar el empleo y redistribuir el ingreso. Con el superávit fiscal se deja la conducción de la economía a la cúpula empresarial y al sector externo. El problema es que el sector externo es adverso a la actividad económica, pues las importaciones crecen más que las exportaciones y no hay perspectivas de revertirlo, dada la desaceleración de la economía y del comercio mundial, como por nuestra baja productividad y competitividad y nuestros rezagos productivos. Y en el caso del sector privado, éste no invierte si no crece el mercado interno, el cual no crece por los recortes presupuestales, como por el desempleo, el subempleo, los bajos salarios y la desigualdad del ingreso.

La austeridad fiscal y las altas tasas de interés no se justifican cuando se está desacelerando la actividad económica. Ello contraerá el ingreso de empresas e individuos, incrementará las carteras vencidas, desestabilizará al sector bancario y se manifestará la crisis. Ello no será contrarrestado con la política social que se anuncia semana a semana por el gobierno, pues el gasto público neto en 2019 será menor que en 2018.

El gobierno no asume el papel que la política fiscal debe desempeñar cuando la economía se desacelera y el desempleo aumenta. No procede a aumentar el gasto público ante el temor de aumentar el déficit fiscal, la inflación y la deuda pública. Mantiene la posición convencional de que el déficit y la deuda son malos. No reconoce que hay que evaluar la política fiscal en torno a su impacto en la actividad económica, y no respecto al balance fiscal y el monto y la relación de endeudamiento. Al no aumentar impuestos el gobierno a los dueños del dinero, termina reduciendo su capacidad de gasto e inversión para reactivar la economía y satisfacer las demandas de empleo y de bienestar que reclama la población.

Si se incrementa el gasto público a favor de Pemex, la CFE, el desarrollo tecnológico y productivo y del empleo, ello potenciará el crecimiento económico, sin inflación, lo que redundará en mayores ingresos para el sector privado, las familias y el gobierno, y éste vería reducido el déficit fiscal y el monto de la deuda.

La austeridad fiscal y la pobreza franciscana no se justifican en un contexto de desaceleración de la economía, con creciente desempleo y subempleo y violencia. Tal política conducirá al país al estancamiento y a la mayor desigualdad del ingreso y se comprometerá la creciente popularidad que el Presidente ha venido teniendo en los dos meses y días de gobierno.

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