México vive una crisis política de grandes proporciones, cuya existencia debe ser admitida por la élite del poder para iniciar la búsqueda de su solución. La crisis tiene su núcleo duro en la severa falta de credibilidad que afecta a los tres poderes del Estado, al sistema de partidos y a la clase política en su conjunto, y la causa de fondo es el hecho de que la población está convencida de que las instituciones públicas no cumplen con su función principal: incrementar el bienestar social. Lamentablemente, si nos atenemos a los más recientes discursos y acciones del presidente Enrique Peña y del resto de la élite del poder, nos convenceremos de que no reconocen la existencia de ninguna crisis y se disponen a seguir actuando como si viviéramos en el México de sus sueños.
El discurso de año nuevo de EPN no podrían haberlo hecho más insulso y superficial; quien lo revisa con algo de cuidado no tarda más de pocos minutos para caer en la cuenta de que sus redactores y quien lo leyó en cadena nacional consideran a los mexicanos como idiotas, pues el texto no se refiere para nada al problema de los estudiantes desaparecidos, a los excesos de las fuerzas armadas, a los hechos de corrupción y a los problemas económicos mayores que estamos enfrentando, mientras que se da un tratamiento infame a los asuntos que sí fueron considerados, veamos: olvidando que ofreció bajar los precios de los energéticos, presenta como un gran logro el fin de los gasolinazos pero no explica por qué no disminuye el precio de la gasolina si el del petróleo cayó más del 50 por ciento; no señala que los televisores analógicos que mucha gente sigue utilizando quedarán inservibles y que es una obligación legal del gobierno reponerlos con aparatos digitales, y pasa lo mismo con los otros temas tratados.
El comportamiento de los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial continúa con el mismo patrón. Tal parece que han llegado al consenso de que hay que mantener la rutina para dar la impresión de que aquí no ha pasado nada, y que la corrupción y la impunidad seguirán siendo las características distintivas del Estado mexicano hasta que todos nos ahoguemos en ese pantano podrido. El sistema anticorrupción de que se habla hoy parece que fue elaborado hace años, pues no recoge para nada la indignación de la sociedad ante la crudeza de los casos hechos públicos en los últimos meses. El anuncio de que el salinista de cepa Ángel Gurría Ordoñez, cabeza de la OCDE, garantizará la honestidad y transparencia de los multimillonarios negocios de la construcción del nuevo aeropuerto y el ferrocarril rápido, parece más una mala broma que una respuesta a las inquietudes de la sociedad.
Y los partidos políticos no cantan mal las rancheras. Abordan sus procesos internos de manera rutinaria. Parece que no escuchan las voces que hablan de boicotear el proceso electoral, y que no se dan cuenta que están entre las tres instituciones del país con menor credibilidad entre los mexicanos. Tampoco han tomado ninguna medida para enfrentar la epidemia de auto asignación de ingresos abusivos que agreden a una sociedad que ya empezó a reaccionar y pronto gritará ¡¡Que se vayan todos!! Sobre aviso no hay engaño.
