El tema de la deuda para financiar gasto púbico está lleno de precauciones. Es decir, para saber si es buena o mala la estrategia del endeudamiento, depende saber para qué se pidió el recurso y cómo piensa pagarse. Porque es larga la experiencia en múltiples malos gobiernos mexicanos que solicitan deuda sin contar siquiera con una estrategia de pago. Amalia García, según datos de la secretaria de Finanzas, dejó a Zacatecas con una deuda y compromisos con proveedores de alrededor de 2 mil 200 millones de pesos, un déficit operativo de mil 300 y las obligaciones a largo plazo derivadas del PPS asociado a Ciudad Gobierno por un monto de 4 mil 600 millones, lo cual generó un amplio rechazo de la población y del propio gobierno entrante de Miguel Alonso; ahora, la actual administración planea dejar una deuda de casi 9 mil millones de pesos más los intereses y a un plazo de quince años.
La visión tradicional del déficit fiscal plantea que la emisión de deuda pública estimula la demanda agregada y por tanto el crecimiento económico a corto plazo. El supuesto básico de este resultado reside en que el sustituir impuestos por deuda provoca un aumento en el ingreso disponible de los hogares, es decir, un aumento de la demanda. Pero también supone que la deuda se usó en inversión, la cual hace crecer la economía en poco tiempo y en consecuencia los ingresos fiscales para pagar. En pocas palabras: se invierte en crecimiento y con ello se amplían los ingresos del Estado para saldar dicho endeudamiento. Pero, ¿qué ocurre si se usa el dinero del adeudo para sufragar gasto corriente? Y sobre todo, con el agravante de que el gobierno que hace el gasto no es el mismo gobierno que tendrá que pagar, como el caso escandaloso de Coahuila hace muy pocos años. Con este agravante, llama a pensar en el alto costo político en que se incurre. Recordemos que se invirtieron 3 mil 400 millones de pesos en el programa de seguridad, el cual no hizo crecer la economía como debería y tampoco resolvió el problema de seguridad. Y otros 2 mil millones en obras no prioritarias. Fue sólo gasto superfluo. Si esos mismos recursos se hubieran invertido en estímulo a la agroindustria, en capital humano o en alguna otra de las formas de inversión en las que Zacatecas tiene ventajas comparativas, otra cosa sería. Pero no es así.
La experiencia en este tema es ya sobrada: entre 1970 y 1976 la deuda pública en México se cuadriplicó pasando de 4 mil a 20 mil millones de dólares, hasta alcanzar un monto total de alrededor de 90 mil millones de dólares. Y a lo largo de la década de 1980 el crecimiento se detuvo y la crisis se hizo asfixiante, sobre todo al sobrevenir la caída en los precios del petróleo. Hoy se solicita refinanciar la deuda que ya se tiene y contratar más pero no se dice de donde se pagará (los excedentes petroleros ya no son opción). En la experiencia internacional reciente, la derecha griega se puso a endeudar a este país y ahora está en el fondo de un abismo; del que la izquierda lo quiere sacar. Con estos ejemplos, si el Ejecutivo no explica o crea un proyecto que detone mejores niveles de bienestar, quedará en el imaginario colectivo que este gobierno desea hacer de Zacatecas una pequeña Grecia: al rededor de 30 por ciento de su presupuesto anual estará comprometido en deuda si es que no se crean opciones alternas que generen mayores ingresos para saldarla y caeremos en una espiral de insolvencia que atrapará a la entidad dejándola en la indigencia presupuestal.
