El ámbito municipal representa, históricamente en México, una paradoja. Siendo la base de la pirámide política que gestiona la vida nacional, es a su vez, el eslabón débil y generalmente olvidado por las políticas y estrategias en los grandes temas nacionales. Lo podemos apreciar, desde el debate mismo que implican hoy asuntos como la seguridad, la desigualdad, y claro está, la corrupción. Los Ayuntamientos quedan generalmente aislados en sus esfuerzos por responder a las demandas que exigen respuestas de parte de sus vecinos. No faltan esfuerzos, y hay que reconocerlo, y existen casos de éxito. Sin embargo, la paradoja es lamentable, es posible que sea aquí, en esta apuesta, donde se encuentre la respuesta a muchas de las más graves problemáticas que hoy enfrenta nuestro país. Volviendo, y aunque sea de mal gusto repetir: desigualdad, inseguridad, corrupción.
Por ello, un buen comienzo es enfrentar esta realidad con voluntad política, apertura institucional y capacidad para innovar y transformar desde lo local, la realidad que se comparte, con especificidades, en relación a los muchos problemas que atañen a los municipios. En Zacatecas, desde hace un par de meses, se ha venido promoviendo la iniciativa conocida como Reto público, anticipando riesgos de corrupción, que fue lanzada por el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva, ambas instancias del Sistema Nacional Anticorrupción, así como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entre las novedades que representa esta iniciativa, se encuentra la de identificar riesgos de corrupción desde las instituciones, pero con la participación abierta, transparente y activa, de la ciudadanía, a partir de una metodología prediseñada por las instituciones ya mencionadas, que da margen para la aplicación en diferentes ámbitos, niveles y entes del sector público. En este marco, destaco en esta participación, el desarrollo de la primera etapa de esta estrategia, que es un autodiagnóstico con enfoque multiactor (que incluye a la sociedad civil), en el Ayuntamiento de la Capital del Estado, y particularmente, la voluntad política de sus autoridades, para conocer e implementar, este mecanismo que puede ser utilizado, en distintas dinámicas, para diagnosticar con un método confiable, a diferentes áreas de la administración municipal, ya así, prevenir la corrupción, anticipándose en lo posible a este pernicioso fenómeno. En este primer esfuerzo a nivel municipal, ha sido fundamental, la voluntad de apertura del Alcalde, Jorge Miranda, pero también la participación del Órgano Interno de Control, la Unidad de Transparencia, el Archivo Municipal, la Secretaría Técnica del Ayuntamiento y por supuesto, la sociedad civil, representada en este caso por la experta y reconocida académica María Teresa Santillán Villegas, quien además, posee una trayectoria en materia municipalista, que encajó pertinentemente en el caso del que hablamos.
Los municipios, como todos los niveles e instituciones del país, tienen un desafío inherente a la modernización de sus procedimientos, la apertura, la participación e incidencia ciudadana, y destacadamente, en relación a la mejora continúa de sus servicios, imponiéndose la tarea de blindarlos en lo posible de la tentación siempre andante de la corrupción. Siendo el nivel de gobierno más cercano a la comunidad, y en la que se suele tramitar la más amplia gama de servicios cotidianos para el bienestar de las personas, apostar por identificar los riesgos a tiempo, involucrar a los potenciales beneficiarios de dichos servicios y consolidar una política de integridad con enfoque en el usuario, que es el ciudadano, en su rol inmediato de trato con el Estado, es, desde este punto de vista, una buena noticia, que vale la pena reconocer, promover e incentivar, para que no quede en una experiencia excepcional, sino que vaya convirtiéndose, poco a poco, en la regla.
@CarlosETorres_
