La LXV Legislatura del Estado de Zacatecas, a través de la Comisión Legislativa de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, organizó ayer una mesa de trabajo titulada “Agenda Compartida: Construcción Legislativa para la Igualdad y la Erradicación de las Violencias”.
El objetivo principal de este evento fue desarrollar una nueva Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que permita enfrentar los desafíos y necesidades en materia de derechos humanos y violencia de género en el estado.
En este encuentro participaron autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil y organismos autónomos.
Entre los presentes estuvieron la diputada Renata Libertad Ávila Valadez, presidenta de la Comisión; la diputada Fernanda Miranda y el diputado Eleuterio Ramos Leal; Karla Isabel Guardado Oropeza, titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Estatal; Miriam García Zamora, directora del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en Zacatecas; Esmeralda Castro Dávila, Jueza de Control especializada en lo Penal; Rafael Espinoza Olague, Juez de Primera Instancia, entre otros.
Estas autoridades estuvieron acompañadas por representantes de la sociedad civil, como Patricia Ortiz Gutiérrez.
La mesa de trabajo representó un paso fundamental en la lucha por la igualdad de género y la erradicación de las violencias contra las mujeres.
Durante la jornada, se destacó la necesidad de un esfuerzo conjunto entre las distintas ramas del poder público y la sociedad civil para lograr una agenda legislativa que se enfoque en las realidades cotidianas de las mujeres y que promueva su bienestar y protección.
En este sentido, se resaltó la importancia de crear espacios de diálogo abiertos, donde se puedan escuchar diversas voces y enriquecerse con las experiencias de expertos, activistas y organizaciones sociales.
Uno de los principales temas tratados durante el encuentro fue la necesidad de una ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres que esté actualizada y adaptada a las nuevas formas de violencia, como la digital.
Se abordó la importancia de avanzar en la tipificación de delitos relacionados con la violencia de género, la creación de leyes más estrictas para la protección de las mujeres y la implementación de programas de prevención que también involucren a las masculinidades en la erradicación de la violencia.
En cuanto a la violencia de género en Zacatecas, se presentó un diagnóstico sobre la situación actual, subrayando que, aunque ha habido una disminución en los feminicidios, con una reducción del 55% en comparación con el año anterior, la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los problemas más graves del estado.
Se destacó que la violencia psicológica, física y sexual son las formas más frecuentes de violencia en Zacatecas, y aunque los feminicidios han disminuido, la violencia sigue siendo una de las principales preocupaciones en la agenda pública.
Otro de los puntos clave de la mesa fue la necesidad de construir leyes no solo normativas, sino también prácticas y funcionales. Se discutió la importancia de crear leyes que consideren la realidad cotidiana de las mujeres, quienes a menudo quedan en una situación de vulnerabilidad al no recibir el seguimiento adecuado después de hacer una denuncia.
En este sentido, se hizo un llamado a implementar medidas cautelares que permitan un seguimiento más cercano a las víctimas de violencia, contribuyendo a su empoderamiento y garantizando su seguridad.
Además, se resaltó la relevancia de integrar la perspectiva de género en el ámbito judicial. Se destacó que los jueces y fiscales especializados en violencia de género deben ser parte activa en la construcción de este nuevo marco jurídico, ya que son los encargados de aplicar la ley de manera efectiva, con sensibilidad de género, y de garantizar que las víctimas reciban el apoyo necesario para acceder a una justicia pronta y eficaz.
Un tema fundamental que se abordó fue la necesidad de realizar un diagnóstico participativo y preciso sobre las causas, contextos y consecuencias de la violencia de género, el cual debe ser elaborado de manera consensuada, escuchando a las víctimas, a las organizaciones sociales y a los movimientos feministas. Este diagnóstico debe ser la base para la creación de políticas públicas que aborden la violencia desde una perspectiva de prevención, atención, sanción y erradicación.
En este contexto, también se hizo hincapié en la importancia de que las políticas públicas sean implementadas de manera efectiva, con los recursos necesarios para su operativización.
Se subrayó que las leyes deben ser aplicadas de forma rigurosa, evitando que los agresores encuentren resquicios legales para eludir la justicia, y que el sistema judicial debe ser eficiente y sensible en la atención a las víctimas.
Además, se planteó la necesidad de una política inclusiva que reconozca y visibilice la diversidad de las mujeres, en especial a aquellas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+, quienes a menudo quedan fuera de los marcos legales y de atención pública.
La inclusión de las diferentes realidades de las mujeres en las reformas legales es fundamental para garantizar que todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual, puedan acceder a una vida libre de violencia.
Por último, se hizo un llamado a seguir trabajando en conjunto. La colaboración entre las instituciones gubernamentales y la sociedad civil es clave para que las leyes no se queden en letra muerta, sino que se traduzcan en un cambio real y tangible en la vida de las mujeres zacatecanas.
