■ Violaciones se verificaron al momento de la presunta basificación
La representación legal del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ) interpuso ayer ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje una demanda laboral en reclamo de los derechos de 27 trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, con sustento en los artículos 58 y 63 de la Ley de Servicio Civil, que prohíben la retención y disminución del salario.
Las violaciones se verificaron, señaló su dirigente Alejandro Rivera Nieto, al momento de la presunta basificación de los trabajadores por Gobierno del Estado, aparejada a una disminución de entre 30 a 40 por ciento de sus percepciones, la cual de mayo a la fecha suma un promedio de 12 mil pesos por persona e implica una afectación a sus dependientes económicos, en especial, a los derechos humanos de sus hijos, contemplados en la Ley General de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, y su correspondiente estatal.
El líder sindical anunció también que ayer mismo iniciaría ante la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ), otra demanda, esta penal, contra los mismos presuntos responsables de la laboral, el gobernador, su secretario de Infraestructura, Francisco Ibargüengoytia Borrego, y el correspondiente de Administración, Fernando Soto Acosta.
Los delitos que se les imputan son contra el trabajo y la previsión social, peculado y abuso de autoridad.
Se busca por este medio que se aclare dónde fueron a parar los recursos que se han descontado a los salarios de los trabajadores desde mayo de este 2016, mismos que precisó, refieren no solamente los de 27 agremiados al SITEZ sino a un total de mil 500 empleados de Gobierno del Estado que fueron “beneficiados” con la base laboral aparejada a una disminución salarial.
En su artículo 199, fracción cuarta, el Código Penal establece como delito contra el trabajo y la previsión social, en que incurrirá en responsabilidad todo servidor público, si retiene injustificadamente los salarios de los trabajadores, la pena por esta violación a la norma es de seis meses a dos años de cárcel, precisó Rivera Nieto.
Dijo que para comprobar ante la autoridad la comisión de los delitos que se imputan a los funcionarios, se exhiben prueban contundentes como talones de cheque y tablas de las variaciones del salario, por lo que la Procuraduría “no tendrá ningún problema” para integrar la carpeta de investigación correspondiente.
Citó del propio legajo de documentos, el dato de uno de los trabajadores, quien ganaba hasta mayo 3 mil 496 pesos pero ya en junio solo 2 mil 230.
La variación de mil 163 pesos entre estas dos cantidades exhibe una disminución de 30 a 40 por ciento en su salario, comentó, e informó que además de las pruebas, se agregan en sustento de la causa varias tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Agregó que hay un presupuesto a ejercerse anualmente que debe distribuirse como lo especifica el tabulador salarial de los trabajadores de Gobierno del Estado, mismo que incluye todas las prestaciones a que tienen derecho, sean de base, eventuales o de lista de raya. “La ley es aplicable a todos, aquí no hay trabajadores de primera y de segunda”, expuso.
Comentó asimismo que el gobernador entregó a los trabajadores “nombramientos de base” en que su nombre aparece como “Miguel Alonso Reyes” y no Miguel Alejandro Alonso Reyes, por lo que los documentos no tienen efecto jurídico, y precisó que esta condición laboral se obtiene luego de que el trabajador permanece en su puesto ininterrumpidamente durante seis meses y un día, pero además lo único que asegura el vínculo laboral con la patronal es el cumplimiento de su contrato laboral, esto es, que no recaiga en una causal de despido justificado.
“Se dice que es un gobierno autoritario, corrupto y que hubo un desfalco a las arcas de los zacatecanos, y efectivamente no pasó desapercibido para él servirse también de los trabajadores (…) nos preguntamos, ¿a dónde se fueron todos esos millones de pesos que les descontaron a todos y cada uno, que se les retuvieron ahora que se les ‘otorgó’ su base?”.
Alejandro Rivera Nieto también comentó que luego de haberse obtenido el triunfo legal en el reclamo del reconocimiento de la antigüedad de un grupo de trabajadores adheridos al SITEZ en pasados días, y asimismo, una sentencia resarcitoria por descansos laborados y horas extras, alrededor de otros 20 mil que laboran en la Procuraduría de Justicia, la presidencia municipal de Zacatecas, la Jiapaz y el Incufidez, han solicitado que la organización intervenga en la defensa de sus derechos.
Dijo que en sustento de la citada sentencia, “tenemos la certeza de que toda la gente obtendrá el reconocimiento de que su contrato está establecido por tiempo indefinido”, ya que son trabajadores con hasta 13 años de antigüedad.
Agregó que el SITEZ “abre sus brazos, porque somos incluyentes, somos unos activistas del derecho laboral, somos unos líderes sindicales que tenemos que refrendar la lucha social y la lucha de clases”.
