El próximo 2 de octubre, la sociedad colombiana acudirá a votar en un plebiscito donde se decidirá si la ciudadanía acepta la firma de los acuerdos de Paz, entre las FARC y el Gobierno encabezado por Juan Manuel Santos, o bien, rechaza tales acuerdos, dando continuidad a una guerra, que ha desangrado durante décadas al hermano país latinoamericano.
Colombia en un trágico ejemplo de cómo la lógica de la guerra, -con la intervención de actores externos e internos-, puede “estabilizar” una dinámica perversa funcional a la aceleración de la acumulación por desposesión de la riqueza social, propia de un neoliberalismo armado, corrupto y mafioso.
En los primeros años de la década anterior, sentíamos necesidad de estudiar la “colombianización” de México. El Papa Francisco invirtió los términos, hablando del peligro de la “mexicanización” de Argentina. Más allá de que tales adjetivaciones, sean injustas y oculten los ingentes esfuerzos, y miles de luchas, por la ciudadanía de ambos países, para lograr un presente y un futuro, donde la lógica de guerra no pervierta, la construcción del bienestar y de una paz con justicia, libertad y dignidad. Quizás podamos plantearnos la pregunta de otro modo: ¿Cómo interpretar desde México, ese “giro histórico” que la sociedad colombiana podría dar, de triunfar el Sí al Acuerdo de Paz? Pensando en las dificultades enormes que enfrentamos, aquí y allá.
No es posible abordar aquí la compleja historia colombiana y su situación actual. Las cambiantes articulaciones entre, por un lado, el narcotráfico, los paramilitares, las fuerzas de seguridad pública, la clase política, los empresarios, y sectores sociales afines, (un proyecto político-narco-paraco-militar, denominado “Seguridad democrática” por el régimen de Álvaro Uribe), sin olvidar a los actores externos, señaladamente Estados Unidos (ej., con el Plan Colombia y la contrainsurgencia), ahora, apoyando la negociación de la paz. Y, por el otro lado, la guerrilla, ligada al tráfico de drogas, el uso de las armas, etc., con el apoyo de algunos actores sociales.
Los enfrentamientos [incluyendo conflictos cruzados] provocaron una espiral de violencia sin fin, que -prácticamente- eliminaba la política, como “actividad colectiva reflexionada y lúcida…”, impidiendo un verdadero ejercicio democrático, entronizando únicamente a lo político, es decir, permitiendo solamente un ejercicio -usurpador- del poder, a través de su “privatización”, concentrando en las cúpulas, o en las “vanguardias armadas”, la capacidad de tomar las decisiones sobre los asuntos públicos, -y, sobre lo común-, que quedaban secuestrados -así-, en manos de camarillas amparadas por las estructuras mafiosas del Estado, o, por los jerárquicos liderazgos –militarizados- de la guerrilla. En suma, un juego de espejos –enemigos que igualmente suprimían la democracia-, produciendo una violencia endémica, verdadera “puesta en abismo” de los derechos de todas y todos a una vida digna.
Mencionaré algunas estadísticas, una lejana, fría, aproximación, a todo el horror y la tragedia que han padecido en Colombia, [como ahora en México]: más de 4 millones de personas desplazadas por la violencia, que perdieron sus tierras, sus hogares, en muchos casos a seres queridos, o su patrimonio, etc., más de 250 mil personas asesinadas; 25, 185 desapariciones forzadas ejecutadas durante el mandato de Uribe; 10 millones de hectáreas robadas por los paramilitares, de las cuales se han regresado a las víctimas –sus propietarios- apenas un 0.06% del total; etc., etc.
Un dato aparte, que sirve para da cuenta de cómo la guerra contra las drogas, o contra el narcotráfico, es poco menos que un fracaso, (como en Afganistán con la producción de heroína, etc.) en el 2013, se contabilizaron 48,000 mil Ha, sembradas de coca, ahora, en el 2016, se han detectado, 96,000 Ha, [un 100% más], mientras la minería ilegal, y el déficit fiscal, presionan para que esa superficie continúe aumentando.
Un resultado positivo, citado por los analistas, es la tasa de homicidios, que ha bajado notablemente, de 67,3 en 2003, a una tasa en el 2015 de 26,4 [por cada 100,000 habitantes], a lo cual contribuyó, también, el descenso en el número de muertes violentas ligadas a la confrontación entre el Estado y la insurgencia. Al mismo tiempo, si se comparan, enero agosto del 2014, con el mismo periodo del 2010, se ve el crecimiento de otros delitos: hurto a personas (46%), hurto de motos (65%), hurto a residencias (8%), hurto a comercio (52%), secuestro (18%), hurto a bancos (33%), extorsión (138%), y actos de terrorismo (61%) (Boletín Ágora consultoría, No 20/2014). Diferencias que nos remiten a la complejidad de la realidad social.
Colombia vive un proceso de creación política, que puede desembocar en una sociedad democrática -en proyecto-, elucidando los retos inmensos que enfrentará. El triunfo del Sí, puede ser, un paso más, para cambiar el imaginario guerrerista, aún dominante en sectores de la sociedad civil y del Estado.
Elucidemos, entonces… ¿Cómo caminar construyendo –juntos- la paz con justicia/libertad/ dignidad? ■