Ricardo Monreal, conocido coordinador de la mayoría en el Senado de la República, ha propuesto hace unos días una preocupante iniciativa de Reforma Constitucional para reestructura la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional de nuestro país. El esfuerzo no es nuevo. Recién electo el presidente López Obrador, anunció también su intención de separar las funciones de control constitucional a la Suprema Corte y crear un órgano expreso para tal efecto. En los tiempos que vivimos es imposible para quiénes desconfiamos de la vocación democrática del partido mayoritario, no leer estas acciones en clave crítica y de inquietud respecto a las instituciones.
La propia iniciativa es una incongruencia al diseño institucional actual del sistema político mexicano, que en 2015 creó el Sistema Nacional Anticorrupción, que goza, entre sus componentes, de un Tribunal Administrativo, para atender y resolver los asuntos relacionados con la corrupción. El Comité de Participación Ciudadana de dicho sistema, tuvo que promover un amparo, en la que el Juez Fernando Silva García, ordenó al presidente de la República “transparentar la designación de los magistrados anticorrupción”, y al Senado, cuyo órgano de gobierno encabeza precisamente Monreal, que “decida inmediatamente sobre la ratificación o no” de dichos magistrados.
El senador zacatecano incluso se ha pronunciado al respecto, declarando que le parece un exceso la creación de “Salas especializadas” en el Tribunal de Justicia Administrativa sobre este asunto. Resulta bochornosa la incoherencia. Para el ex gobernador, es preferible crear una Sala especializada, en el más alto tribunal de país, que además atiende asuntos de constitucionalidad en su más importante tarea (la del pleno), que crear un sistema sólido que contribuya al análisis de las situaciones específicas al respecto. Vamos, es como si dijéramos mañana: tenemos muchos estados, mejor creemos tres países.
Luego entonces, puede entenderse lo innecesario de la iniciativa. Sí no hay necesidad institucional que justifique esta acción, por descarte es de concluir que la problemática que se busca atender es más bien política, y aquí las alarmas se encienden. Se trata a todas luces, como lo publicó el diario Reforma en su primera plana en días pasados, de controlar al máximo tribunal del país por el régimen que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Tratando de que la polémica se traslade a ámbitos lo más objetivos posible, puesto que no es negable por quien esto escribe su franca desaprobación a dicha iniciativa, me remito a dos textos imprescindibles para entender, primero, el papel de los Tribunales en el funcionamiento de la democracia (“Cómo hacer funcionar nuestra democracia”, del juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Stephen Breyer) y segundo, cómo los adversarios de la democracia liberal, requieren necesariamente pasar por la transformación de los tribunales, de instituciones sólidas e imparciales, a instancias de legitimación de las acciones dudosamente constitucionales de sus regímenes (“Cómo mueren las democracias”, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt).
Para el juez liberal, el papel del máximo Tribunal en su país ha sido fundamental para asegurar el correcto desarrollo de la democracia más reconocida en el mundo. Con ejemplo que van desde los aciertos, hasta los que hoy podemos considerar severos errores históricos, Breyer dibuja cómo la Suprema Corte se ha convertido en un fiel de la balanza confiable, entre poderes, pero sobre todo, entre las mayorías y las minorías, construyendo igualdad a través del razonamiento. Aunque todo lo que acabo de escribir es una verdad de Perogrullo para los constitucionalistas y para quienes nos decantamos por el modelo de democracia constitucional, en el partido gobernante parecen justamente ignorar tales lecciones de la historia jurídica del mundo.
En la introducción a su libro, Levitsky y Ziblatt, relatan cómo Hugo Chávez fue apoderándose parcialmente de los otros dos poderes, pasando por su puesto por el máximo tribunal de la entonces robusta democracia venezolana. Pero más allá de esa comparación que genera ronchas entre los defensores del presidente, me voy a una descripción que hacen los profesores de Harvard sobre cómo hoy las democracias ya no se destruyen a través de golpes de estado, sino de la vía electoral. En la página 14 de la edición en español puede leerse: “Muchas medidas gubernamentales son “legales”, en el sentido de que las aprueban bien la asamblea legislativa o bien los tribunales. Es posible que incluso se vendan a la población como medidas para “mejorar la democracia: para reforzar la eficacia del poder judicial, combatir la corrupción o incluso sanear el proceso electoral”.
Podemos ignorar todas las advertencias de una enfermedad en nuestra democracia, como quizá lo hicimos durante toda la etapa de la transición respecto a la pluralización de la corrupción y el insuficiente énfasis en la desigualdad, pero entonces, no podremos evitar las consecuencias de haber ignorado los síntomas de una agonía de nuestra adolescente democracia.
Pd. Siendo Gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal implementó también una reforma al Poder Judicial del Estado. ■
@CarlosETorres_
