En la primera reunión del año 2025, para el seguimiento de comerciantes y ciudadanos contra el segundo piso, se realizó un análisis detallado de los recientes acontecimientos relacionados con la intervención del gobierno en la zona y las acciones legales que se están emprendiendo en respuesta.
Se discutió el reciente fallo del tribunal que revocó una suspensión de orden emitida por la presidencia municipal, a pesar de que el tribunal se encontraba en periodo vacacional y estaba incompleto. Este hecho se consideró una actuación arbitraria, ya que el tribunal, al estar incompleto y en periodo de descanso, no debía tomar decisiones de ese calibre.
En cuanto a la intervención del gobierno del estado, se destacó un video en el que el secretario de Obras Públicas afirmaba que la obra que se estaba realizando era una reparación de tubería de JIAPAZ, pero la evidencia visual mostró que el personal y la maquinaria no pertenecían a JIAPAZ, sino a una empresa privada ajena a los trabajos de drenaje. Esto levantó sospechas sobre la verdadera naturaleza de la intervención, sugiriendo que el gobierno estaba disfrazando una intervención relacionada con el proyecto del segundo piso como una reparación de infraestructura, lo cual fue percibido como una maniobra engañosa.
Además, se mencionó que el permiso otorgado a la Secretaría de Obras Públicas para la ejecución de los trabajos no incluía la remoción de asfalto, algo que había sido realizado durante la intervención. Esto generó preocupación sobre el cumplimiento de las normativas y las posibles implicaciones legales de los trabajos realizados sin la debida autorización.
El abogado José Hermosillo intervino para recalcar la importancia de no perder el ánimo en la lucha y destacó que, a pesar de las acciones del gobierno, aún hay caminos legales por recorrer. Señaló que, en un estado de derecho, es posible exigir la «reparación del daño», lo cual implica restaurar las condiciones previas a la intervención. Para ilustrar esto, comparó la situación con el caso de un accidente automovilístico, donde el responsable debe reparar el daño causado, devolviendo las cosas a su estado original.
En cuanto a las acciones legales, se informó que ya se están preparando amparos para defender los derechos de los afectados. Hermosillo aclaró que estos amparos son específicos y están centrados en los aspectos legales concretos de la intervención, como la falta de permisos adecuados, el riesgo de dañar infraestructuras sensibles como el gasoducto, y la falta de certeza jurídica en el proceso. Explicó que el ayuntamiento de Zacatecas ha afirmado públicamente que no existe ninguna solicitud de permiso para la obra, lo que refuerza la argumentación legal contra el gobierno.
El abogado destacó que el amparo está listo y que se presentará de inmediato para proteger a los afectados, instando a los comerciantes a que se sumen al proceso, incluso si no son propietarios de los terrenos afectados, sino simplemente residentes o trabajadores en la zona. Explicó que la ley ampara a cualquier persona que esté siendo perjudicada por la intervención, ya que se trata de una violación de derechos fundamentales como el derecho a la movilidad, al comercio y a la propiedad. Además, subrayó que la obra está ocurriendo en un área donde existen restricciones legales debido a la presencia de un ducto de gas de alta densidad, lo que añade un riesgo real de accidentes.
Se recordó que la obra comenzó de manera desordenada y sin cumplir los requisitos legales, lo que brinda una base sólida para las estrategias legales de los afectados. El abogado también mencionó que están en proceso de presentar amparos, basándose en violaciones a las normativas que regulan la obra y los permisos necesarios. El proceso será largo y desafiante, pero confían en que, con la defensa adecuada, podrían lograr que los tribunales les den la razón.
En cuanto a la situación legal actual, se destacó la importancia de la colaboración con el despacho de Hermosillo, que está liderando la defensa jurídica. También se subrayó que el proceso no depende de lo que decida el ayuntamiento, sino que sigue una ruta independiente que busca la justicia a través de los tribunales. Los afectados deben estar preparados para firmar los amparos, reuniendo sus documentos y asegurándose de que están listos para participar en esta lucha legal.
En cuanto a la percepción pública, se destacó que la batalla no solo es legal, sino también sobre cómo se percibe el caso ante la sociedad. Por eso, se ha trabajado en difundir la situación, dar conferencias de prensa y generar apoyo solidario, para que la gente no crea que la causa está perdida.
Finalmente, se instó a los presentes a prepararse para firmar los amparos, ya que los plazos legales son cortos, y a seguir adelante con el esfuerzo colectivo para defender los derechos afectados por la obra. La confianza en el éxito de la causa sigue firme, pero es esencial continuar con la participación activa de todos los involucrados.
