El balance que podemos hacer de este 2013 desde el punto de vista de la situación de niños, niñas y adolescentes es triste. Los informes más recientes ponen de relieve algunos puntos estratégicos: vivimos en una situación marcada por una alta proporción de niños en pobreza, sin acceso al conocimiento, con crecientes tasas de homicidios de adolescentes, sobre todo en mujeres. Además, el presupuesto para su atención se presenta a la baja y permanecemos sin un Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
El Informe Latinobarómetro 2013, como ya hemos dicho en otra ocasión http://tinyurl.com/puqrwog, indica que en México el apoyo promedio a la democracia entre 2005 y 2013 es de apenas 49%, el resto de los ciudadanos no ven resultados para ellos y sus familias. “Tenemos dos américas latinas, una que prospera y la otra que mira como los otros prosperan. La democracia esta retenida por la desigualdad”.http://tinyurl.com/3vbzloj
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en su informe Panorama social de América Latina 2013, confirma que la proporción de niños en pobreza es parte sustancial de esa “otra mitad” que no participa del desarrollo. Desde la perspectiva del ingreso en sus hogares 47.4% está en pobreza (por encima del promedio para América Latina de 41.7%), mientras que se encuentran en pobreza extrema 19.3% (frente a 16.4% en la región). El estudio señala que la pobreza aumentó en un millón de personas en México.
Por su parte la prueba PISA 2012, mientras esperamos el “arranque” de la reforma educativa, indica que 55% de estudiantes no supera las competencias básicas en matemáticas, 41% en lectura y 47% en ciencias. Los resultados de esta prueba, de acuerdo con Eduardo Backhoff Escudero, consejero de la Junta de Gobierno del INEE, “son insuficientes para hacer una realidad el derecho que tienen todos los niños y jóvenes mexicanos a recibir una educación de calidad”.
El consejero, en la presentación de los resultados de esa prueba, señala que “México sigue mostrando bajos niveles de cobertura escolar en estudiantes de 15 años y niveles muy pobres de aprovechamiento escolar en matemáticas, lectura y ciencias. De persistir esta tendencia, pasarán décadas para que México cierre la brecha educativa con los países desarrollados”. No olvidemos que más de 6 millones de niños permanecen fuera de la escuela.
En materia de seguridad ciudadana seguimos esperando que se ponga en el centro la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Urge una decidida política pública para enfrentar una situación que, de acuerdo con el último informe del Inegi (Mortalidad. Defunciones por homicidio. Consulta interactiva.
En: http://tinyurl.com/o2jztbd), es crecientemente grave. Es cierto que hay una disminución marginal en la incidencia de homicidios a nivel nacional entre 2010 y 2012 (de 22.5 en 2010, se pasó a una tasa en 2012 de 22.2). Sin embargo, en el mismo periodo, la tasa de homicidios en el grupo de 15 a 17 años aumentó: pasó de 14.4 en 2010 a 16.3 en 2012. La tasa de homicidios creció 13.2% en este grupo de edad (en la población de 0 a 17 años el incremento fue de 14.3%).
En hombres de 15 a 17 años pasó de 24.3 a 26.5, en tanto que entre las mujeres el incremento fue de 4.1 a 4.6. Cabe señalar que 46.2% de los fallecidos por homicidio son adolescentes en condición de rezago educativo, es decir, sin educación básica completa. http://tinyurl.com/o7h9ba6
En cuanto al presupuesto baste decir que el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia ejerció $180,401,000 en 2013, pero en el PEF 2014 tiene sólo $131,580,000. La reducción es de 27%.
Del total presupuestado en 2013 se entregaron $51,147,928 a los DIF estatales, alrededor de 1.6 millones de pesos por entidad federativa para desarrollar todas las acciones de ese programa.
Finalmente hay que decir que el presidente Peña Nieto no ha cumplido. Acabó el año sin una ley general a la altura de las circunstancias, que impulse ese Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que requerimos con urgencia. ¿De veras es menos importante una reforma estructural a la política de infancia, que una energética, hacendaria o política?
Mientras que la Unicef y la Redim se han empeñado en aportar elementos y acercar voces autorizadas tanto al Legislativo como al Ejecutivo, para orientar la construcción de ese sistema, parece que no se quiere debatir. El gobierno ya tiene su iniciativa y la mantiene oculta. Suponemos que es porque no quiere salir antes de estar seguro de incluir todas las recomendaciones que se le han hecho.
Ojalá sea porque se prepara para el debate, porque nos explicará que se propone conservar al DIF para reformarlo, para asegurar su capacidad de establecer ese sistema de protección integral, con participación de la sociedad civil, con mecanismos que aseguren efectividad y con la coordinación necesaria entre diferentes sectores y órdenes de gobierno, como ordena el artículo 73 constitucional.
Ojalá sea porque su propuesta trascenderá un DIF actual con muchas obligaciones, pero con poca capacidad programática y presupuestal, sin capacidad de impulsar la política pública que exige la realidad de todos los niños, niñas y adolescentes, sin capacidad de entender que la política asistencialista es una parte pero no es el todo, en suma, sin capacidad para impulsar una agenda de infancia, de todas las infancias, en cada estado y sus demarcaciones. Ojalá que la nueva iniciativa del gobierno y su bancada sea un instrumento útil para garantizar derechos y no como un hospital recién inaugurado, pero sin nada por dentro.
Esperamos un compromiso histórico del gobierno para poder hacer un balance con mejores noticias para la infancia y la adolescencia al cierre de 2014. Ese es mi deseo para el año nuevo.
Muchas gracias por otro año que compartimos. Muchas gracias por el apoyo a esta columna. Les deseo lo mejor para 2014. ■
@LuisBarquera
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