El uso correcto de los recursos públicos por entidades públicas supone que no son aprovechados por el goce privado de los responsables de manejarlos. La pregunta esencial para saber si hay o no manejo inadecuado del dinero del pueblo es observar si su aplicación se justifica. En otras palabras, en el caso de la Legislatura, se puede revisar la aplicación de dinero contra los productos que debieron salir de ahí. Los diputados pueden hacer uso de dinero para mejorar sus funciones, tanto en la elaboración legislativa, la rendición de cuentas del ejecutivo o judicial, y la aprobación del presupuesto. Como los diputados no son todólogos pueden (deben) contratar asesoría especializada para estudiar las iniciativas de ley que elaboren, o las evaluaciones que permitan hacer un juicio de mejora en las glosas de los informes o la intervención de expertos en finanzas públicas que les permita hacer una aportación relevante al presupuesto.
Sin embargo, en su función puede haber abusos, ni duda cabe. Pueden, por ejemplo, ir a explorar un problema delicado al proyecto estratégico de milpillas, y para eso hacer uso de pago de viáticos. Sin embargo, si en esos viáticos meten una justificación de 20 mil pesos, evidentemente se está abusando: nunca se gastarían tal cantidad en ese viaje. Eso significa que es probable que la diferencia del costo y justificación es para el uso privado del diputado. Lo mismo con un diputado que nunca presentó iniciativas de ley y mete justificaciones de pago a asesorías legislativas. Entendemos que los trabajos especializados son caros, por ejemplo, una auditoria a un órgano público no es barato o la colaboración en un experto en legislación en impuestos estatales especiales, pero es claro que eso se observa con los productos aportados. El indicador de la ‘Estafa Maestra’ fueron los productos bajados de internet y recortes o pegotes mal hechos de los trabajos subrogados a las universidades. En el ámbito legislativo es lo mismo: si los productos son pegotes es evidente que no se trata de trabajo experto, sino de una simulación para cobrar gato por liebre.
Ahora bien, es especialmente grave que se justifiquen los pagos con facturas de empresas fantasmas, por ejemplo, asesores legislativos que tienen un domicilio fiscal en una tienda de abarrotes, y dichas asesorías por más de 5 millones de pesos. En esos casos, es evidente que se trata no de un simple abuso, sino de un fraude mayor. Será importante que se investigue y los propios diputados aclaren su situación, para que tampoco paguen justos por pecadores. En estas próximas semanas iniciará la ventilación de cada caso en particular. Los órganos internos de control y la propia auditoria del estado deberán hacer investigación y emitir un dictamen que permita deslindar responsabilidades para proceder a la aplicación de la ley. El Sistema Anticorrupción del estado estará a prueba en este caso particular.
