El pasado cinco de noviembre, apareció en estas mismas páginas, en el editorial correspondiente al día en mención, se hace una extraordinaria exposición respecto al que, particularmente comparto, como el mejor antídoto contra la corrupción: la democracia en serio, la que distribuye el poder a partir de la participación e incidencia de la ciudadanía, a partir de la defensa y promoción de sus propios legítimos intereses, con mecanismos y herramientas que, en lo posible, hagan igualitario el acceso a dicho ejercicio de involucramiento. Cito renglones de dicho editorial con plena coincidencia: (…) Así las cosas, si en realidad la corrupción es un problema de relaciones de poder, y si la creación de instituciones vigilantes no cambia esas relaciones, entonces no sólo no disminuirá la corrupción, sino que estas resultarán devoradas por esos poderes. La única manera es modificar las relaciones de poder en el ejercicio del gobierno. Por ello, la fórmula no es crear más vigilantes institucionales, sino formas de gobierno que se realicen desde una distribución social del poder público. Por ello, la fórmula es el gobierno-abierto y el cogobierno con la sociedad civil. La distribución social del poder disuelve la posibilidad de la corrupción, la cual supone mandos arbitrarios, cerrados y centralizados. Un gobierno centralizado y cerrado no resuelve en el largo plazo, sino acrecientan las condiciones de la corrupción. Fin de la cita.
La anterior reflexión me llevó a su vez a retornar al clásico citado al inicio de esta participación: la fórmula que los Padres Fundadores de la república de los Estados Unidos de América, idearon a partir de dividir el poder, no sólo en base del ideal, sino de la realidad política que se impone en la naturaleza humana: la ambición, de tal forma que esta motivación permita a los actores políticos (y sociales) hacer de su propia ambición un límite a la de los demás y viceversa. Claro es que, la idea expuesta en el editorial trasciende a esto y aporta la justa actualización: ya no solo son los actores principales del juego por el poder, que pueden, como bien se menciona, consensar métodos, redes y pactos para permitirse unos a los otros, abusos en contra del interés público; más complejo será esto último sí se agrega la debida participación del mayor número de personas posible a la fórmula. Es un reto siempre presente y que debe atenderse en lo inmediato, la integración de más y más ciudadanía, a través de figuras como la contraloría social y otras, que impliquen al poder una constante explicación y responsabilidad de sus actos, es decir, una tarea incesante de rendición de cuentas, sobres sus actos y decisiones públicas. En concreto, las instituciones que forman parte de nuestro Sistemas Anticorrupción deben intuir la necesidad que tienen de legitimación social, a través de acciones que involucren a ciudadanas y ciudadanos, facilitándoles el ejercicio de sus derechos, saliendo en búsqueda de la participación social, sin esperar a que una sociedad agotada en tiempos complejos, venga a tocar a su puerta.
En un contexto tan incierto, se debe entender que se requiere cambiar de lógica: ya no es posible gobernar a la sociedad, hoy se requiere gobernar con la sociedad. En materia de las tareas y pendientes relativos al combate a la corrupción, se debe imponer también la clave de lo anterior.
Una versión preliminar de este texto fue expuesta en un apartado del Curso Agenda Civil de Combate a la Corrupción, organizado por la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, en la que el autor participó recientemente.
@CarlosETorres_
