Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) flexibilizó la reserva por cinco años sobre las peticiones de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y ex funcionarios de esa entidad, aunque, “por su naturaleza”, la medida no aplica para las notas diplomáticas de los expedientes judiciales.
En el primero de tres oficios divulgados ayer por la SRE se revela que Estados Unidos solicitó a México mantener en confidencialidad la información sobre las peticiones de detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya y los otros nueve funcionarios y ex funcionarios sinaloenses. Sin embargo, un día después, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York hizo públicos los cargos y los nombres de los señalados, según un oficio fechado el 30 de abril.
En esa misma fecha, la dependencia reclamó a la embajada estadunidense que esa difusión impedía a México “llevar a cabo las actuaciones necesarias para asegurar la confidencialidad solicitada” y advirtió que vulneraba el debido proceso de los acusados.
El martes, a partir de una solicitud de acceso a la información, se conoció que la cancillería había reservado por cinco años las comunicaciones diplomáticas, notas verbales, correos institucionales, fichas informativas y minutas de reuniones relacionadas con el caso. Esa reserva, confirmada el 23 de junio por el Comité de Transparencia, permanece vigente; lo transparentado ayer corresponde a documentos cuya naturaleza permite su difusión. La cancillería aclaró en redes sociales que la información fue divulgada por instrucción de la Presidenta.
El oficio, dirigido a un funcionario de la embajada estadunidense, cuyo nombre y cargo aparecen testados, expresa la “preocupación” de la Dirección General de Asuntos Jurídicos por la revelación de los cargos y los nombres de los señalados por la fiscalía neoyorquina.
La SRE argumentó que esa información es “sensible en materia de procuración de justicia” y que hacerla pública “vulneraría” el debido proceso de los acusados.
El documento subraya que Estados Unidos había solicitado previamente, mediante una nota diplomática, que México garantizara que “la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada o que vaya a ser entregada no sea divulgada ni se haga del dominio público”, y pidió al Departamento de Justicia que instruyera a sus fiscales a respetar ese compromiso.
El segundo documento es una ficha de cargos elaborada por la SRE el 29 de abril, según la cual los 10 señalados –entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil– enfrentan acusaciones de conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como de posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. La cancillería subraya que se trata de acusaciones, no de condenas.
El tercer documento consiste en las líneas de comunicación dirigidas al personal de la SRE, también fechadas el 30 de abril, en las que la cancillería fijó la postura del gobierno mexicano. En ellas se indica que las solicitudes fueron turnadas a la Fiscalía General de la República; que ninguna acción judicial puede proceder sin pruebas sólidas bajo el sistema penal acusatorio, y que México coopera con Washington sin aceptar interferencias externas. Además, se cita a la presidenta Sheinbaum: “No vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito”.
