La crisis de seguridad y de derechos humanos que atraviesa México ha provocado la desaparición de por lo menos ciento veintitrés mil personas. Personas cuya búsqueda y localización ha recaído, ante la indiferencia estatal, en los colectivos de familiares integrados en su mayoría por mujeres: madres, hijas, esposas, hermanas de personas desaparecidas. Mujeres cuyos proyectos de vida se trastocan por completo y que, ante la revictimización y la falta de respuesta por parte de las autoridades, movilizadas por la rabia, la tristeza, la incertidumbre, pero también por el amor, la esperanza y la solidaridad, devienen buscadoras y asumen tareas de cuidado tanto de los presentes como de los ausentes.
Las labores de cuidado con aquellas que, aunque en apariencia no generan un beneficio económico, son indispensables para la sociedad. Son trabajos que suelen llevarse a cabo dentro de los hogares e incluyen actividades domésticas como la limpieza o dar de comer. Estas labores se encuentran menospreciadas y no son reconocidas como un trabajo formal que debe ser pagado, pues son realizadas de manera desproporcionada por las mujeres. Los movimientos feministas han señalado la necesidad de valorar las tareas de cuidado y de comprender que son fundamentales para el sostén y la reproducción social. En ese sentido, Carolina Robledo apunta que la búsqueda de personas desaparecidas es una tarea de cuidado cuyo objetivo es la justicia, la recuperación de la dignidad y el cuidado de la vida. Para llevar a cabo esta tarea, las buscadoras invierten de su tiempo, esfuerzos y recursos.
La feminización de la búsqueda implica una romantización paradójica tanto de la maternidad como de las labores de cuidado que han estado históricamente feminizadas y sostenidas en estereotipos de género. Entender a la búsqueda como una labor de cuidado que le corresponde a las autoridades, permite dimensionar los costes que tiene para las mujeres asumir estas tareas: costes físicos, emocionales, económicos, el descuido de ellas mismas para lograr el cuidado de otros. Por su parte, el Estado instrumentaliza los afectos y la condición de mujer de las buscadoras para relegar en ellas sus propias obligaciones. Si bien, aproximadamente el 76% de las personas desaparecidas son hombres, la mayoría de las personas que buscan son mujeres, lo que las deja en una condición especial de vulnerabilidad.
Muchas mujeres aseguran que son ellas quienes participan en las labores de búsqueda por razones de seguridad y de flexibilidad laboral; sin embargo, esto no es así. Por un lado, se espera que las mujeres no descuiden las tareas que tenían dentro y fuera del hogar: que sigan siendo responsables de sus familias, cuidadoras de sus hijos, de sus parejas, e incluso de nietos que quedaron a su cargo a causa de la violencia; que trabajen y aporten a la economía de su casa pero que también se dediquen a la búsqueda, que vayan a las reuniones y a las marchas, que aprendan de leyes, que vayan a la fiscalía, que presionen a las autoridades. Frente al abandono institucional, las mujeres asumen una doble o triple jornada no remunerada en la que se convierten en activistas, expertas forenses, defensoras de derechos humanos. Por otro lado, las mujeres son las principales víctimas indirectas de la desaparición: son ellas quienes son revictimizadas por las autoridades y por la sociedad, son a ellas a quiénes se les cuestiona qué hicieron o qué dejaron de hacer y son ellas quienes ponen el cuerpo y arriesgan la vida en la búsqueda de sus seres queridos. En el sexenio de López Obrador por lo menos diecisiete familiares de personas desaparecidas fueron asesinadas o desaparecidas, de las cuales catorce eran mujeres.
Pese a todo esto, las mujeres que buscan confrontan al Estado y a las ideas sobre cómo debe ser una buena mujer: se convierten en actoras políticas, se apropian del espacio público, se organizan, se profesionalizan y comparten sus saberes entre ellas, crean sus propios repertorios de lucha y sus redes de contención. La búsqueda de una se convierte en la búsqueda de todas. Son las mujeres quienes han puesto en el debate público a los y las desaparecidas movilizándose en contra del olvido, por la justicia, la verdad y la dignificación de los ausentes.
Que este 8M sea una oportunidad para observar a las labores de búsqueda desde una mirada menos romantizada y desde una perspectiva feminista que nos permita entenderlas como un trabajo no remunerado, como una labor de cuidado que se encuentra desvalorada, invisibilizada, precarizada y que a pesar de eso, sostiene a la sociedad y la vida. Ellas nos recuerdan que los y las desaparecidas nos faltan a todas.
