Luego de que el Senado de la República aprobó la ampliación del plazo de participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Adolfo Marín Marín, calificó la decisión tomada como “correcta” por parte del presidente de México, así como por legisladores.
La Sedena, a decir del militar retirado, tendrá en este caso la facultad de poner mayor orden, disciplina y cordura a los integrantes de la Guardia Nacional para que lleven a cabo sus actividades principales que son las de la seguridad pública, porque para eso fue creada. Además, la mayoría de sus integrantes fueron alimentados por la Sedena, dijo, y otros por la Marina y la extinta Policía Federal, además de procesos de reclutamiento.
En ese sentido, consideró como correcta la decisión del Presidente de proponer dicha reforma en el sentido de que haya una entidad responsable de las acciones y de todas las actividades que desarrolle la Guardia Nacional para que, de alguna manera, se implementen todas las medidas disciplinarias en la Ley Orgánica de la propia Secretaría de la Defensa Nacional.
Además, dijo Marín Marín, la Guardia Nacional tiene perfectamente definidas sus funciones y misiones y eso no cambiará al estar bajo el control del Ejército, ya que no por el hecho de que pertenezca a la Sedena, aseguró, sus funciones principales se alterarán, por lo que desde esta perspectiva, apuntó nuevamente, su postura es considerar como correcta la decisión del mandatario del país.
La votación del Senado ha generado opiniones encontradas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) lamentó la decisión con la que, aseguran, “se ha impuesto una política de seguridad militarizada de alcance transexenal, sin controles civiles robustos”. Asimismo, refirieron en sus redes oficiales que con esta decisión “avanza el empoderamiento castrense” generando riesgos para los derechos humanos.
“La decisión es especialmente preocupante, en un contexto donde se ha documentado la vulnerabilidad digital de los castrenses, sus seguimientos ilegales a actores sociales, civiles y su vinculación con el narcotráfico en algunas localidades. México continúa alejándose de los estándares y recomendaciones internacionales”, apuntaron.
